De los recientes sucesos de orden público, una de las conclusiones preocupantes es que el terrorismo urbano, al que normalmente llamamos vandalismo, tiene la capacidad de colocar en jaque al país y sitiar ciudades claves y amenazar la vida de millones de colombianos.
En esto no podemos ser incautos y creer que esta será la última vez. Pienso que los terroristas están tomando lo que está sucediendo como un ejercicio que les permitirá ajustar su estrategia para la siguiente ofensiva, que creo será intensísima el año entrante en medio del proceso electoral. Quieren medir la reacción del gobierno nacional y las de los gobiernos locales, la reacción de los medios nacionales e internacionales, la reacción de entes como la ONU e incluso de algunos países en la región y ver qué tan lejos pueden llegar. Además quieren probar su capacidad para crear caos y la forma como sus aliados se suman al desorden, donde y como lo hacen. Toda una estrategia coordinada. En fin, le están midiendo el aceite a Colombia y al gobierno, y el balance es preocupante.
Lo primero es actualizar las leyes y hacer del vandalismo un acto terrorista. Lo segundo es reentrenar a nuestras fuerzas del orden tanto para controlar efectivamente a los vándalos como para romper los bloqueos a las ciudades rápidamente y evitar el desabastecimiento. Desde ahora hasta después de las elecciones del 2022 el gobierno debe estar a la ofensiva. El trabajo de inteligencia es hoy mucho que importante que nunca antes. Hay que desarticular las redes de terroristas urbanos. No darles respiro y obligarlos siempre a moverse, cuando no puedan ser capturados.
Otro frente, el cual tardíamente ha reconocido el gobierno, es el frente diplomático y la guerra mediática. El gobierno debe informar a los gobiernos amigos de lo que está sucediendo y además educarlos sobre nuestra compleja realidad. Debe crearse una fuerza especial dedicada a neutralizar la avanzada mediática en redes de los terroristas. Esto incluye identificar a quienes apoyan las redes terroristas desde el extranjero y desde las cárceles colombianas; estas últimas convertidas en centros de operación y coordinación.
La tarea incluye también concientizar a la ciudadanía y convencerla de que la protesta pacífica debe hacerse de forma que no se preste para la infiltración de grupos terroristas. Quizás crear canales alternos que impliquen no salir a las calles a marchar, pero que tengan el mismo poder, que no es otro que hacerle sentir al gobierno el descontento popular y lograr que se escuche al ciudadano. Pienso que un ciudadano responsable no marcha en las circunstancias actuales de orden público.
Los ciudadanos tienen derecho a defenderse y lo que está sucediendo está creando el contexto para el resurgimiento de grupos de autodefensa. A diferencia de Venezuela, Colombia tiene una larga historia de violencia particular, y nadie se dejará llevar como oveja al matadero.
Es necesario dialogar permanentemente, que no es lo mismo que un programa de televisión, con todos los sectores de la sociedad. Un ciudadano que entiende lo que está pasando y entiende las acciones del gobierno, es un ciudadano que no tiene necesidad de protestar. Este ha sido un gobierno desconectado de lo que sucede en la calle, y que además a duras penas dialoga con los sectores políticos y empresariales.
La capacidad de autocrítica está a prueba. ¿Podrá Duque ganar el partido en el último minuto? Eso lo decide él mismo.