Las marchas y los actos vandálicos de la semana pasada para protestar contra la reforma tributaria eran predecibles. No creo que ninguna persona razonable piense que este es el momento de castigarles el bolsillo a los colombianos. Sin embargo, el gobierno Duque cree no tener otra opción porque siente estar en un callejón sin salida, en el que las ya maltrechas arcas oficiales fueron devastadas por la atención de una pandemia que aún no termina y que aún demanda importantes recursos.
El Covid profundizó las crisis sociales en todo el mundo, y dejó al descubierto fragilidades que no eran obvias, como, por ejemplo, la fragilidad de una franja importante de la clase media que vivía y vive a un cheque de distancia de la pobreza. El Dane nos informó que en 2020 la pobreza monetaria alcanzó el 42.5% o 21 millones de compatriotas.
La profundización de la crisis socia-económica ha alterado el mapa político en algunos países; por ejemplo, Italia y los Estados Unidos. Siempre se tiende a matar al mensajero, y desde esta perspectiva, la angustia del ex presidente Uribe por el futuro del país –giros políticos indeseables- es justificada.
Justo reconocer que los problemas del país que existían antes de la pandemia son problemas estructurales y sistémicos de vieja data. No son atribuibles a Duque. De hecho, Duque llegó a gobernar con las manos amarradas por muchas razones, pero resaltemos solo dos: la paz de Santos que dejó empeñado el país, y el asistencialismo en que se ha embarcado el estado colombiano desde hace más de dos décadas. Dos costos que siente el gobierno no pueden ser tocados so pena de una verdadera explosión social. Por el contrario, la propuesta de reforma tributaria va en gran parte encaminada a buscar recursos para mantener y mejorar el apoyo a los pobres. ¿Duque pretende subsidiar 21 millones de pobres con la reforma? No es posible.
Por otro lado, la corrupción es también un problema sistémico que no llegó con Duque. Llevamos más de doscientos años sumidos en ella. Consecuentemente, los llamados a que los recursos faltantes de las arcas públicas salgan de combatir la corrupción son absurdos. Este es un problema cuya solución no depende de un gobierno sino de un consenso social porque es esencialmente un problema social con matices legales. La solución es de largo plazo y la necesidad de corto plazo. Los recursos se necesitan ya.
Yo, al igual que la mayoría de los colombianos, me opongo a la reforma tributaria. Pero soy consciente que sin ella, hay que hacer ajustes drásticos en los gastos, y aquí el gobierno tendrá que tomar decisiones difíciles. El consenso que debe buscarse es sobre donde vamos a sacrificar. ¿Qué costos de la paz de Santos son prescindibles y que programas asistencialistas se pueden suspender? ¿Qué ministerios y entes pueden ser eliminados? El recorte de los gastos administrativos debe ser importante. Y por último, debe considerarse la posibilidad de declarar la moratoria de la deuda externa pública y buscar una restructuración de la misma. Más tarde nos preocupamos de la nota de las calificadoras de riesgo y demás.
Hay una tarea importante aquí, y no es otra que el gobierno Duque haga esfuerzos sobrehumanos por comunicarle al país y a la gente cuales son las opciones posibles y sus consecuencias. Paso que debió ser previo a la presentación de la propuesta de reforma y que inexplicablemente fue obviado. Porque si no queremos sacrificar lo social, entonces, la reforma es necesaria y así sucesivamente. No se le puede pedir al ciudadano sacrificios sin que entienda por qué y para qué.
La falta de interlocución con el país y sus actores principales es rio revuelto para los líderes populistas que no desaprovecharán la oportunidad.