De conformidad con la ley 1508/2012, las Asociaciones Público Privadas, son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializa en un contrato entre una entidad pública y una persona natural o jurídica, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes.
Entre sus objetivos está atender las obligaciones contingentes pactadas por Entidades Estatales para evitar volatilidad fiscal y revisar las condiciones Financieras de los Proyectos de Infraestructura bajo el esquema de Asociaciones o alianzas Público Privadas, que cuenta entre sus características actuar como mecanismo de mitigación de los riesgos y la optimización de los recursos públicos aportados de los Proyectos de Infraestructura de Asociaciones Público Privadas.
Tienen estas gran área de oportunidad para llevar a cabo un trabajo más intenso en cuanto a la promoción y puesta en marcha de proyectos público-privados, importantes hoy más que nunca, ya que si bien los municipios han tomado medidas sanitarias y económicas para atender las necesidades más inmediatas de la población, el complejo escenario económico, ante una pronunciada caída en los recursos, demandan que se diseñen y apliquen políticas públicas sustentables que respondan a las condiciones actuales y se estructuren a partir de una visión real de corto, mediano y largo plazo.
En infraestructura, es ahora cuando más relevancia toman los esquemas público-privados; lo que se explica dado que pesan sobre los gobiernos locales restricciones en cuanto a recursos económicos, es este tipo de esquemas los que se pueden implementar para continuar con el desarrollo de obras públicas; vale decir, establecer positivas sinergias entre los sectores público y privado como clave para asegurar la inversión. Se definen los proyectos público-privados como los contratos de largo plazo entre los sectores público y privado para llevar a cabo obras y su mantenimiento.
Varios son los tipos de alianzas público-privadas: aquellas en las cuales el sector público paga al privado una contraprestación por el servicio de obra y su mantenimiento; aquellas en las cuales el proyecto produce algún ingreso y, por lo tanto, el sector público paga al privado la contraprestación del servicio de obra y su mantenimiento con la combinación de recursos públicos y los ingresos generados; y, aquellos proyectos denominados autofinanciables, que son los que generan ingresos suficientes que permiten pagar de ellos el desarrollo de la obra y su mantenimiento.
Visto lo referido, considero que los municipios tienen una gran área de oportunidad para llevar a cabo un trabajo más intenso en cuanto a la promoción y puesta en marcha de proyectos público-privados, tales como planes de luminarias, residuos sólidos urbanos, las oportunidades para llevar a cabo distintos proyectos son múltiples, que bien pueden ser pavimentación de vías, aprovechamiento de espacios públicos (parques, plazas, oficinas administrativas); reordenamiento urbano, proyectos hidráulicos, entre otros. Ante una realidad que difícilmente cambiará, es necesario que los gobiernos municipales comiencen a planear a largo plazo, considerando obras de gran envergadura que rebasen sus propios periodos administrativos y que permitan la inversión público-privada, pero, sobre todo, que la finalidad sea atender las necesidades de la población mediante servicios públicos más eficientes.