Las elecciones del 2018 se ganaron en Antioquia. El candidato de izquierda ganó en Atlántico, Sucre, Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo y Vaupés.
Y también en Bogotá. Sumados todos esos departamentos y la capital, Petro le sacó 1.088.964 votos al actual presidente. Esos votos fueron más que compensados en Antioquia, donde Duque le sacó 1.285.512 sufragios de diferencia a Petro.
No fue un fenómeno de la coyuntura de los pasados comicios presidenciales. El examen histórico confirma la misma tendencia electoral al menos desde el 2002. Antioquia es el bastión por excelencia del uribismo y de la derecha y la centro derecha en Colombia.
No dudo ni por un instante que este análisis rápido lo han hecho también la izquierda y el santismo y habrán concluido lo mismo. Y como no son tontos, no se quedaron quietos. La ofensiva contra el departamento ha sido brutal y se ha expresado en todos los campos, desde lo estrictamente político y electoral hasta lo judicial. La intención es la demolición sistemática de esa fortaleza. Saben que solo si lo consiguen llegarán al poder.
Eso explica porque habiendo departamentos con muchísimos más problemas administrativos y de gestión, el único con cuatro gobernadores encartados en sendos procesos disciplinarios y fiscales sea Antioquia. Antioqueños son Álvaro Uribe, Aníbal Gaviria y Luis Alfredo Ramos, con causas judiciales que les han privado de su libertad, aunque no medie contra ellos sentencia judicial alguna. Procesos sobre los que hay serios y fundados interrogantes sobre su naturaleza política. No sobra recordar que la politización de la justicia y la judicialización de la política son las dos caras de un mismo y gravísimo problema: el abuso de la justicia como herramienta para sacar del camino o debilitar a los contradictores políticos.
La política nacional es también la razón de la embestida feroz de Quintero a la institucionalidad de Medellín. El alcalde la ha emprendido contra EPM, no solo de lejos la mejor empresa de prestaciones de servicios públicos en el país sino, más allá de los problemas de Hidroituango, también una de las empresas públicas o privadas mejor calificadas en materia de responsabilidad social y ambiental y gobierno corporativo.
Ahí, creo, está la clave del ataque: se trata de romper los espacios de coordinación entre la academia, el sector privado y la administración pública local que tantos éxitos han traído a la ciudad y la han hecho modelo no solo en Colombia sino en el mundo. Los empresarios habían logrado trasladar al gobierno de la ciudad una cultura de servicio y las mejores prácticas del sector privado. Como resultado, la de Medellín era, también con distancia, un ejemplo de lo que debe ser una burocracia eficiente y volcada a la comunidad. A los ojos de la izquierda, es indispensable quebrar esa colaboración entre el empresariado y la ciudad. Por eso las acusaciones y señalamientos sin sustento contra el Grupo Empresarial Antioqueño y contra Manuel Santiago Mejía, con nombre propio, símbolos del empresariado paisa. Por eso el discurso de lucha de clases que la actual alcaldía promueve en las comunas de la ciudad.
La otra línea de la arremetida es cultural. De ahí los esfuerzos por romper los valores y convicciones de los ciudadanos. La idea de fondo es fracturar la identidad doctrinal y las creencias “conservadoras" de los antioqueños.
En fin, en Antioquia nos jugamos el futuro. Por eso ha resultado tan desafortunado que se incumplieran los pactos para apoyar al candidato que mejor fuera en las encuestas en octubre y que Santiago Gómez hubiera mantenido su candidatura hasta el final. Una decisión costosísima para Medellín y para el país. Y por eso es tan importante, hoy más que nunca, que el gobierno nacional le de los espacios de representación política que se merece Antioquia, representación que el departamento se ha ganado a voto limpio. En el gabinete hay cinco ministros del suroccidente y cinco bogotanos, donde Duque fue ampliamente derrotado, y apenas un paisa, el de Minas y Energía, Diego Mesa.
El gobierno de Duque, elegido en este departamento, tiene el deber de defender a Antioquia frente al asalto brutal al que está siendo sometida.