Los malos gobiernos, enemigos y pesadillas de los pueblos, no favorecen en nada las condiciones que genera la inversión. Erosionan de plano la confianza y la credibilidad de la gente. Malos gobiernos son sinónimo de corrupción.
La historia de los pueblos nos ha enseñado y demostrado que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, de ahí que una de las mejores formas de cortapisar los excesos ha sido dividir las funciones estatales, toda vez que, si una sola persona tomase las principales decisiones legislativas, ejecutivas y judiciales, incluso sobre la culpabilidad de los acusados, en esas tres funciones, les guste o no el calificativo, establece sin duda una dictadura. A diferencia mucha del Estado de Derecho, en el que las decisiones y los problemas de gobierno se procesan y resuelven a través de las instituciones públicas independientes; en las dictaduras, las cuestiones públicas se atienden conforme a los dictados de la persona que ejerce el control político del Estado.
Importa consolidar en manera importante y urgente nuestro Estado de Derecho y no ir nunca en contravía del mismo. Se trata de avalarle a los asociados, como debe y tiene que ser, sin más, calidad en los servicios que proporciona el Estado, siendo indispensable garantizarles seguridad, confianza y certidumbre a los inversionistas y al comercio con legislación coherente, políticas públicas, instituciones administrativas y tribunales autónomos que, en forma adecuada, promuevan, faciliten y garanticen esa seguridad y confianza requeridas.
No es empecinarse terca y lamentablemente en hacer lo contrario contra todo pronóstico, puesto que, por un lado, se nombra a personal sin la preparación adecuada y a incondicionales que socaban la autonomía de órganos reguladores que generaban confianza y certidumbre en la inversión, en el ámbito que fuere, violentando los procedimientos legales, modificando absurdamente las condiciones que favorecen la inversión privada, con lo que se subordina el poder económico al político, así como todas y cada una de las funciones del Estado.
Nuestras instituciones, desgraciada como desafortunadamente carecen de la autonomía suficiente para hacer la labor que en esencia les corresponde o correspondería, al estar sometidas a la irresponsable voluntad política, que tiene siempre fines electorales. En lugar de que todo el Estado dirija sus acciones a consolidar un Estado de derecho que mejore todo nuestro engranaje, promueva y garantice la inversión privada, el desarrollo y crecimiento económico nacional, tenemos a las instituciones públicas como si estuvieran al garete brindando espectáculos lamentables y exhibiendo sus flaquezas en manera denigrante, procederes inauditos que no hacen cosa distinta que ahuyentar la inversión privada, que como antes señalábamos, es generadora de empleo, riqueza y bienestar.