Escrito por:
Alfonso Lopez Carrascal
Columna: Pedagogía Constitucional
e-mail: lopezcarrascal@yahoo.com
El tráfico de estupefacientes para efectos de su antijuridicidad es un delito que afecta la salud pública, pero en el caso de la dosis personal ha operado una reforma constitucional por la cual considera que el consumidor de dosis mínima lo que necesita es tratamiento terapéutico y no carcelario. La cárcel no rehabilita ni es solución para el consumidor y allí la carta política acoge la tesis del derecho penal italiano de que el consumidor debe ser condenado no a prisión sino a que asista durante un tiempo donde el especialista en la materia que pueda ayudarlo a rehabilitarse. Eso implica que el micotráfico sea perseguido penalmente porque ya aparece un ánimo de lucro. Muchos tribunales del país vienen dando aplicación a que se dispongan medidas profilácticas o terapéuticas buscando la rehabilitación del enfermo, ya que el consumo de drogas es problema de salud pública.
La reforma constitucional hace claridad en un momento histórico en que se debe ir tratando este asunto como cuestión de salud pública al igual que lo viene haciendo la legislación penal italiana del momento.
Pero tampoco podemos perder la vista que nuestra legislación penal se matricula en la dogmática jurídica, que en desarrollo del principio de legalidad enseña que la conducta para que sea punible debe ser típica, antijurídica y culpable, con la tendencia o influencia del funcionalismo penal que lideran teóricos del Derecho Penal como Roxin y Jacobs y precisamente atraemos influencia de que la antijuridicidad implica la violación de un bien jurídico y en este caso la salud pública, pero la antijuridicidad en los tiempos actuales no se puede ver únicamente de manera formal, es decir, choque de conducta -norma sino que debe haber para la sociedad nuevo elemento estructural del delito si esa conducta merece reproche y entonces sería la antijuridicidad material como en el caso de la dosis personal mirándose la conducta con la lupa del funcionalismo penal cuya tendencia aparece en nuestro Derecho Penal y esa pueda ser otra de las razones para que ese reproche social se convierta en un problema de salud pública y el sujeto activo de la conducta sea sometido a la terapia clínica. Es un paso de avanzada en nuestro derecho que aplaudimos.