“Que todo el mundo crea que algo es verdad no significa que así sea”(Fábula El nuevo traje del emperador, de Hans Christian Andersen)
Aún resuenan en el ambiente los estertores producidos por el Informe entregado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, el cual, en esencia y palabras más, palabras menos, enumeró que durante el 2019 se dieron continuas violaciones, entre las cuales se cita las 36 masacres que dejaron un saldo de 133 muertos, al igual que decenas de asesinatos de líderes sociales, asegurando que el país volvió a los índices de violencia de 2014, al tiempo que resalta que el asesinato de mujeres defensoras de derechos humanos se incrementó en un 50%.
Como era de esperarse, el Gobierno ripostó de inmediato con aires de molestia, e inclusive llegando a afirmar que tal informe, preñado de algunas recomendaciones, no era más que intromisiones a la soberanía, específicamente cuando se sugiere y recomienda hacerle modificaciones a la estructura institucional de la Policía Nacional, en cuanto tiene que ver con los procedimientos y protocolos sobre los cuales basa sus intervenciones el Esmad.
Desde el alto gobierno se han escuchado voces altisonantes, sobre todo de aquellos personajes que aún creen estar viviendo en las cavernas azuzadas por el ex emperador…cito, mostrando sus dientes y abriendo sus fauces como queriendo pensar que con sus patanerías y groserías conseguirán algo, cuan equivocado están, porque la ONU no es cualquier institución de pacotilla que ellos puedan amedrentar con sus ínfulas dictatoriales.
Es imperativo aclarar que la oficina de la Alta Comisionada es la principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos y a ella le encomendó la Asamblea General la misión de promover y proteger todos los derechos humanos de las personas, para lo cual se propende porque ello sea una realidad social y humana y no se convierta en un saludo a la bandera, como al parecer quisieran algunos que fuera, porque a todos los reyezuelos le fastidia que los vigilen y controlen y quieren seguir actuando en sus desafueros, como si la voluntad de ellos estuviera por encima de la sociedad.
De todas maneras, lo que no han querido entender algunos de los áulicos del sátrapa es que mediante esos informes, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU son un reporte directo de la situación de derechos humanos de los Estados y hace recomendaciones específicas para que la situación mejore y lo hacen con base en el trabajo de campo que desarrollan durante un año de observación y acompañamiento, tanto con el gobierno como con la sociedad civil, resaltando que ese trabajo de campo se hace en toda la geografía nacional y pone de presente que el poco acceso a las autoridades por parte de la población constituye un enorme desafío que pudiera perpetuar los niveles de impunidad, hecho axiomático que no se puede desconocer.
Este informe ha venido a poner la tapa en la caja de unas relaciones un poco resquebrajadas desde hace algunos años entre el Gobierno y la ONU y es por ello que los últimos gobernantes han mostrado su disgusto por la presencia de esos funcionarios, por cuanto han considerado que extralimitan su operación y terminan metiéndose en asuntos que, según ellos, no son de su incumbencia, y ponen como ejemplo que esta organización no debe ni tiene por qué meterse y pedirle al Estado que debe restringir el uso del Ejército en las protestas, transformar el Esmad o pedir que la Policía Nacional dependa del Ministerio del Interior y no del de Defensa.