El artículo del New York Times (NYT) sobre el regreso de los falsos positivos desató una tormenta en Colombia, donde cada sector político ha intentado acomodarlo a sus posturas ideológicas.
No es secreto para nadie que el NYT es un diario que simpatiza con la izquierda, y que por lo tanto su línea editorial e informativa es coherente con sus simpatías.
Tampoco es secreto que fue el asesinato del ex miembro de las Farc a manos de un soldado, el que dio lugar a la reacción del diario neoyorquino; ni es secreto que la idea del artículo es maniatar de alguna manera al gobierno colombiano, supuestamente en aras de defender lo acordado en La Habana. La columna tiene una clara intención política.
Dejando de lado las posturas ideológicas y las motivaciones del editorial, hay suficiente evidencia histórica que apunta a que gerenciar la guerra tiene consecuencias perversas en el campo de los derechos humanos. Quizás la guerra de Vietnam es un buen referente de lo expresado porque fue bajo la batuta de Robert McNamara que se intentó aplicar los principios de la gerencia y las mediciones cuantitativas en un conflicto. Como en cualquier empresa, a los soldados y sus supervisores se les dieron metas a lograr y se creó un sistema de recompensas y castigos. Todo en aras de hacer de la guerra una empresa eficiente y efectiva. La guerra de Vietnam dejo doscientos cincuenta mil “falsos positivos”.
Estos son errores conocidos, y para mi es difícil entender que el gobierno colombiano haya adoptado modelos cuyas consecuencias están bien documentadas. Más allá de la atrocidad de asesinar inocentes, la otra consecuencia a nivel sistémico es la pérdida de apoyo popular y credibilidad de la fuerza que implementa tales prácticas, y que en última fue muy costosa para las fuerzas estadounidenses en Vietnam.
Comparativamente, Alejandro Magno en alguna de sus campañas conquistó una región. Y los vecinos se prepararon para defenderse pensando que Alejandro Magno los atacaría, pero para sorpresa de ellos esto no sucedió. Alejandro se dedicó a mejorar las tierras conquistadas y a modernizarlas. Los logros fueron evidentes para todos los habitantes. Llegó el momento en que los vecinos que se habían preparado para defenderse del invasor, fueron donde Alejandro para que los gobernara. Las guerras se ganan no cuando se aniquila al enemigo sino cuando nos ganamos su mente y su corazón. Lo primero es simplemente una conquista militar. La moraleja de esta historia es muy ilustrativa.
Los soldados no son trabajadores de una empresa comercial ni sus oficiales gerentes ni la eficiencia y eficacia de la institución pueden medirse en número de muertos. No que las fuerzas armadas no puedan beneficiarse de las prácticas gerenciales; nadie está afirmando eso. Pero hay que entender el contexto y la misión de la institución. La misión de las fuerzas armadas no es matar gente sino ejercer soberanía y ser garante del orden. Lamentablemente el ministro de defensa es un mercachifle con poco sentido común. Es muy probable que Botero no haya asimilado las lecciones que la aplicación de este modelo dejó durante el gobierno Uribe ni conozca los antecedentes históricos de otros conflictos que también aportan valiosas lecciones en este sentido.
Haría bien el presidente Duque en colocar al frente del ministerio de defensa a alguien que tenga los conocimientos y la capacidad para liderar un proceso de re-ingeniería profunda de las fuerzas armadas. La eficiencia y la eficacia operativas siguen siendo requeridas. El honor y la gloria de servir al país, deberían ser suficiente recompensa y motivación, pero esto requiere cambiar el chip. Unas fuerzas armadas motivadas mayormente por recompensas tangibles (monetarias y similares) o castigos, son unas fuerzas armadas que han perdido el rumbo. Ser soldado o policía es el más alto servicio a la Patria, y punto. Son llamados a ser héroes y no asesinos.
A pesar de todo lo dicho, no cabe la afirmación de que los crímenes cometidos por miembros de las fuerzas armadas muestran un patrón conductual que indica que es producto de una política de estado, y que por tanto son crímenes de estado. No hay ninguna política ni directriz del estado que promueva el asesinato de inocentes. Aquí el tema es otro.