Por estos días de celebraciones de los primeros veinte años de la Constitución Política Colombiana, desde los más diversos sectores de opinión, se hacen comentarios sobre su eficiencia y sobre su real impacto en la configuración de la nueva sociedad.
Y lo que es previsible, sin que jamás se llegue a conclusiones uniformes. Como fuere, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que parió a la actual Constitución, fue un enorme esfuerzo histórico, de verdad, de todas las fuerzas políticas, antagónicas y dispersas, que buscaban un espacio en el viejo escenario de las confrontaciones ideológicas heredadas de las guerras de principios del siglo antepasado.
El M-19, antes guerrillero y clandestino, fue el gran vencedor del proceso. Para bien o para mal. Lo cierto es que el ánimo reformador de los constituyentes, iba en contravía de una sociedad anquilosada y conservadurista, que había germinado al calor de la Carta Magna (¡)de Rafael Núñez en 1886.
Es probable que después de 20 años el país siga igual, con nuevos problemas, con altos índices de violencia, con un nivel de desarrollo que no es el deseado para tantos pobres que sobreviven no se sabe cómo, con unos índices vergonzantes de concentración de la riqueza , con el poder de unas mafias que se resisten a desaparecer y se empeñan en seguir infiltrando la vida institucional del país.
Todo ello puede ser cierto, pero también lo es que la Carta del 91, a pesar de esa "herida de muerte", directa en el corazón de su estructura institucional, que representó el cambio del "artículito", lo cual permitió el nefasto régimen del señor Álvaro Uribe Vélez, también oxigenó las enrarecidas arterias del organismo colombiano, particularmente en la participación del pueblo en la modulación y administración de la justicia.
Sin dejar de mencionar, por supuesto, ese gran salto cualitativo de la democracia representativa, nominal y retórica, a la participativa, tema propio de otro escrito.
La Constitución de 1991 le puso "ruana"-indumentaria que usan los campesinos en Colombia-, a la justicia y habilitó instrumentos de fácil manejo a todas las personas que antes veían al juez divagando en el reino inaccesible de su sabiduría.
Sin ninguna duda posible, la tutela-por eso sectores retardatarios la han tratado de acabar-, representa el más significativo aporte de los constituyentes al colombiano de a pie, para que éste tenga fácil acceso, "mediante un procedimiento preferente y sumario", a que la justicia proteja sus derechos constitucionales fundamentales, que los hay de variada estirpe y condición, nunca antes, ni siquiera estimados.
La tutela terminó siendo el instrumento por excelencia de los pobres en sus reclamos a la justicia. También de quienes no lo son tanto.
Otras figuras, también de inocultable importancia, surgidas como inspiración de la célebre Constituyente de hace veinte años, como las acciones públicas, de grupo y de cumplimiento, constituyen un hito en los anales de la juricidad colombiana y latinoamericana. De ahí la importancia de proteger su permanencia y su desarrollo, ahora que se plantea una radical reforma a la justicia.