La economía de un país para su crecimiento necesita que confluyan o se alineen varios factores.
No obstante, entre ellos, el más importante es el capital. De nada sirve tener innovadores y visionarios con ideas y proyectos productivos si no hay capital para hacer realidad sus sueños. Antiguamente, sin tanto vericueto, los vecinos y amigos se reunían para hacer causa común y así emprender empresas conjuntas. En la historia se pueden ver un sin número de ejemplos, desde empresas para enviar expediciones comerciales a oriente, por mar y tierra, hasta la explotación de minerales y petróleo, o compañías que nacen en garajes.
Estos esfuerzos de consecución de capital, que repito, inicialmente eran de amigos y vecinos, después de su vertiginoso arranque, se regularizaron para ser canalizados a través del mercado público de capitales, en aras de proteger a los inversionistas. En nuestro país, y da pesar, no existe un mercado de capitales profundo. Existen pocas compañías que coticen en bolsa y pocos inversionistas que quieran meter sus ahorros en las acciones de los emisores. Por ello, si se quiere tener empresas nuevas, innovadoras y productivas, es preciso democratizar el capital.
Debemos volver a los principios del capitalismo, donde los inversionistas con una buena idea recogían fondos para montar su empresa. Existe hoy en día una iniciativa para regular lo que se denomina “crowdfunding” o financiación colaborativa. Esta rimbombante palabra en inglés no es más que lo mismo de siempre: poder conseguir capital de terceros para fondear las empresas. En países como E.E.U.U., en donde el mercado de capitales está muy desarrollado y su regulación es muy exigente, el gobierno de Obama, en el año 2012, expidió la ley “JOBS”. A través de esta norma se buscó flexibilizar los requisitos exigidos para hacer ofertas públicas de valores e incluso ofrecer valores sin necesidad de pasar por una bolsa de valores a través de plataformas de internet. La intención fue, en cierta medida, la de volver a las raíces del capitalismo, donde los emprendedores conseguían recursos y generaban riqueza para ellos y los inversionistas y creaban oportunidades de trabajo.
No obstante, se acudió a regular las plataformas de inversión en internet y a flexibilizar los requisitos de las empresas para ofrecer sus acciones en la bolsa. En Colombia, como en su momento se hizo en España y de manera parecida a los E.E.U.U., la tendencia es tratar de regular las plataformas de inversión en internet, como solución, por lo que el proyecto de decreto se queda corto. Se pretende que una sociedad, con objeto exclusivo, cree y administre una plataforma de internet donde se valide previamente a los inversionistas y los proyectos y que los inversionistas accedan a esta información para hacer su inversión y no se flexibiliza la entrada a la bolsa. Erróneamente, o con segunda intención, para que sean los bancos los que creen estas sociedades administradoras y ganen comisiones por colocación de acciones o puedan colocar créditos, se pretende crear intermediarios en la consecución de capital.
Esto no es más que seguir poniéndole palos a la rueda. Los emprendedores, de manera expedita, a través de un registro público que podría ser llevado por la Superintendencia de Sociedades (que tendría que tener una función adicional de apoyo a las empresas), deberían ser capaces de, es decir, se les debería permitir, conseguir capital directamente a través de cualquier medio, radio, prensa, internet, etc., sin pasar por una bolsa de valores. No se trata de tener una sociedad incubadora de proyectos y validadora de los mismos o incluso flexibilizar los requisitos para acceder a la bolsa. Se trata de que el emprendedor sea el responsable de ello y que el estado solamente exija el cumplimiento previo y permanente de ciertos requisitos, para proteger al inversionista, quien no puede ser tratado como inimputable. La legislación no puede ser excesivamente protectora y, simplemente, debería tender a ser informativa, con la idea de que sea el inversionista el que mida su riesgo y tome su decisión de inversión. Igualmente, las sociedades emisoras, podrían tener la forma de SAS, pero tendrían que tener una reingeniería legal para garantizar los derechos de los minoritarios. También, los fundadores, deben poner algo de carne en el asador, que les permita acceder a una financiación privada abierta al público en una proporción a lo que ellos pongan. Claro que existen riesgos, pero ellos no pueden ser un obstáculo para tomar el paso correcto para la democratización del capital en procura del desarrollo del país.
Tercio Extra: Si además se quiere fomentar la ciencia y la tecnología debe haber fondeo, como en Israel, del estado Colombiano, proveniente de los fondos de regalías, y exenciones de impuestos de manera sostenible y estable.