Un video muestra a varios indígenas en el Cauca persiguiendo con machetes a unos soldados y tratando de desarmarlos.
En otro episodio atacan una comisión de fiscales y unos policías, los desarman y los secuestran. Ya he perdido la cuenta de los ataques a autoridades por parte de indígenas. Dejaron de ser episodios aislados y esporádicos y se han vuelto sistemáticos y recurrentes. El episodio amerita tres reflexiones.
Una, sobre el alcance de los derechos de las poblaciones indígenas y de su jurisdicción. Se desmadraron. Hay que recordar que los indígenas son, por encima de su condición étnica, colombianos, y que más allá de sus derechos como indígenas tienen también deberes como connacionales. No están por encima de la Constitución ni de la ley, normas que son el fundamento de su jurisdicción indígena. Esa jurisdicción solo se extiende a sus miembros y sus territorios, y no los cubre ni por fuera de ellos ni se extiende a los no indígenas. Por supuesto, tampoco los autoriza a allanar o destruir propiedad de los ladinos, ni a bloquear calles y autopistas, ni a atacar “ladinos” y miembros de la fuerza pública. No hay ninguna excusa para justificar esas conductas, que en muchos casos son delictuales, ni ninguna razón para tolerarlas. Para parar esta escalada es indispensable una respuesta firme y controlada de soldados y policías cuando sean atacados, con uso moderado de la fuerza cuando se vea amenazada su vida o integridad física o la de terceros, y que la Fiscalía acuse penalmente a los responsables. Es previsible que unas condenas puedan desestimular la comisión de nuevos ataques. La impunidad de todos los anteriores solo ha traído como resultado más agresiones. Es indispensable que la Corte Constitucional deje la ambigüedad y fije límites claros a su jurisprudencia sobre los derechos y territorios indígenas. Y es urgente demostrarles que sus derechos no están por encima de los de los demás ciudadanos.
Dos, muchos de esos ataques de indígenas están relacionados con un propósito expansionista de sus territorios por parte de algunas poblaciones indígenas caucanas. Se escudan en un uso abusivo del concepto de “ancestralidad” que promueven algunas poblaciones indígenas, según la cual las tierras invadidas han sido tradicionalmente suyas. Más allá de que las vías de hecho son inaceptables y el ataque a terceros y a las autoridades constituye delitos, es peligrosísima la idea subyacente según la cual los que fueron espacios geográficos de los indígenas durante la conquista y la colonia debe ser hoy de sus descendientes. Aunque hoy por hoy los indígenas constituyen una porción muy minoritaria de la población colombiana, apenas el 3.4%, controlan el 27.6% del total de la tierra rural, más de 31.6 millones de hectáreas. Las poblaciones negras, que son el 10.6% de los nacionales, poseen apenas un 4.5%. Y entre los demás colombianos, el 86%, tenemos apenas 45.4 millones de hectáreas, un 39.7% del total. Lo demás corresponde a áreas medio ambientalmente protegidas (11%) y el Estado (16.3%). Sin profundizar en las cifras, es evidente que, para describir gráficamente la situación, las poblaciones indígenas son, de lejos, los mayores poseedores de tierra en Colombia, los grandes terratenientes. No solo tienen muchísima tierra sino que no necesitan más. Las invasiones, hay que decirlo con toda claridad, no responden a necesidades económicas sino a unos propósitos políticos que van en contravía con la construcción de nación y de bien común. Y para poner el punto en el debate, en el caso del Cauca hay también intenciones de control territorial estratégico y de carácter económico. Muchos de esos territorios coinciden con narcocultivos. Y con presencia de grupos criminales.
Como dijera en columna anterior, no son admisibles ni el menoscabo de la soberanía ni la parcelación de la aplicación de la Constitución. La jurisdicción indígena debe ser respetada pero no puede suponer la vulneración de los pilares fundamentales de la Constitución ni de los tratados internacionales de derechos humanos y el Estado debe garantizar la propiedad de todos los habitantes. También la de los mestizos y blancos que vienen siendo atropellados.
Finalmente, los episodios ratifican la necesidad de recuperar el sentido de la autoridad, la urgencia de respaldar inequívocamente a nuestros fiscales, soldados y policías, y el desafío de sancionar con severidad los ataques de indígenas para evitar una aun mayor proliferación de los mismos.