Un mar de coca: Políticas erradas

Es imposible tapar el sol con la mano, eso es lo que dicen un viejo proverbio. No obstante, el Gobierno pretende hacerlo, al negar su fracaso rotundo en tema de los cultivos ilícitos y como ello fue tratado en el acuerdo de paz con las Farc. Se creyó, por parte de la ciudadanía, porque así lo dio a entender el Gobierno, que firmado el acuerdo final se iba a solucionar el problema de los cultivos ilícitos.

El Gobierno, en su afán de firmar, otorgó, supongo de buena fe y de manera inocente, concesiones exorbitantes. Se dejó de fumigar, por lo que el método de erradicación por aspersión se cambió al de erradicación manual. Se generaron incentivos perversos para la sustitución de cultivos. No hubo, o por lo menos no ha habido, a la fecha, entrega de rutas y dineros del narcotráfico, ni va a ser posible identificar o judicializar a los socios de las Farc durante tantos años en el negocio. El hecho de que el narcotráfico sea catalogado como un delito conexo, y por ello elegible a la amnistía, manda indudablemente un mensaje equivocado de política criminal. Por si fuera todo esto poco, una parte importante de las Farc, más de los que se pensó, por lo menos 1400 insurgentes, continuarán en el negocio. Todo esto incidió directamente en el crecimiento de las hectáreas cultivadas de coca y, lo más grave, no se ve solución a corto plazo para su disminución, especialmente por la continua política de apaciguamiento de este Gobierno. Claramente, el problema de los cultivos ilícitos es económico. Mientras sea más rentable sembrar coca que plátano, yuca, café o cacao los colonos o campesinos preferirán sembrar coca. El hecho indudable es que siempre será más rentable sembrar coca. Si el Gobierno incentiva la sustitución de cultivos, el programa podría ser exitoso a corto plazo, por cuanto cualquier persona va a querer hacerse un dinero extra. Pero hay que tener en cuenta que siempre ha sido más rentable robar que trabajar honradamente y siempre ha sido mejor negocio lo prohibido. Así, una vez los campesinos o colonos se hayan embolsillado el subsidio, otra vez volverán a sembrar coca. La solución sería entonces mantener subsidios permanentes a las cosechas de ciertos sitios, lo que significaría un tratamiento desigual a otros campesinos o colonos en Colombia y un detrimento del erario público. Algunos pretenden, de manera utópica, que el sector privado sea el que a través de su esfuerzo genere las condiciones comerciales y económicas, sostenibles en el tiempo, para comprar las cosechas, remunerar a los campesinos adecuadamente y evitar que se vuelva a sembrar coca. Estos libres pensadores olvidan que es la acción de la oferta y la demanda la que establece el precio y que, al no poder ganar lo mismo que se ganaban con la coca, tarde o temprano se volverá a ella. Algo podrán ayudar las inversiones en infraestructura que se hagan, pero de nuevo, esto no hará rentables los cultivos lícitos. Pretenden también meter al cuarto de San Alejo la aplicación de una política criminal y policiva a quienes siembren coca. La disculpa, como siempre, es que no tienen más alternativa, que son el eslabón más débil de la cadena y que sería injusto judicializarlos. Lo cierto es que no es posible lo uno sin lo otro. Para reducir el mar de coca se requieren múltiples acciones, empezando por la fumigación aérea y una política criminal clara que judicialice a todos los participantes en la cadena. Igualmente, hay que reorientar los subsidios, pues como como estos están planteados, lo único que hacen, o hicieron, es fomentar el crecimiento de las hectáreas de coca sembradas y ahondar los problemas a futuro.       

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