Es preocupante la situación que se vive actualmente en España. “Las Españas” (salvo Portugal) son los diferentes pueblos que habitan la península ibérica y que, unidos por el centralismo castellano, conformaron y conforman el Estado Español.
El escudo español reconoce este devenir histórico, esta formación de la nación española por la unidad de varios reinos. La propia Constitución Española, al respecto, en su Artículo 2, establece que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”.
Históricamente, entonces, se llegó a una fórmula un tanto intermedia, de estado federal, pero unitario que, por constitución, por la ley de la tierra, ha de permanecer unido e indisoluble, sin que necesariamente los pueblos que lo componen quieran o deseen permanecer en esa unión. Así, ante un clamor mayoritario por parte de los catalanes, de convocar a un referéndum separatista, con un sin número de leyes o proyectos de ley, resoluciones o acciones del Gobierno y del Parlamento de Cataluña, el Gobierno Español ha usado todas las acciones legales para que el Tribunal Constitucional Español las declare ilegales o suspenda su aplicación. Ante esto, y dada cuenta de que al final del día el solo hecho de pretender la secesión sería ilegal, los separatistas catalanes han presionado su agenda, muchas veces, incluso, saltándose algunas normas de procedimiento. El Rey Felipe VI, finalmente, indicó que el referéndum catalán era un rompimiento del orden democrático y constitucional. Desde el punto de vista legal, el Gobierno Español tiene toda la razón.
El referéndum y la separación catalana serían totalmente inconstitucionales. Políticamente, para España y Europa, sería un desastre. Sin embargo, no se entiende cómo a través de leyes pétreas se pretenda forzar a una región a permanecer en una unión cuando no lo quiere hacer. Tanto Cataluña, el País Vasco y Galicia son comunidades históricas y han disfrutado, en mayor o menor medida y duración, de un régimen de autonomía, ahora constitucional. Actualmente, existen diecinueve Comunidades Autónomas.
La separación de Cataluña sería un mal precedente. Sin embargo, la unidad se debe fomentar con base en el diálogo e intereses compartidos y no a través de normas pétreas constitucionales con arraigos totalitarios y decimonónicos arcaicos. Los pueblos, al final del día, cuando han tenido históricamente su propia historia, cultura y lengua, deberían poder, mediante una votación o referéndum correctamente organizado, decidir sobre su destino, lo cual en ningún momento podría ser tildado como ilegal.