Hace unas semanas fui invitado a un Foro organizado por la Fundación Mariano Ospina Pérez y la Corporación Pensamiento Siglo XXI. El objetivo de la reunión era la creación de un observatorio para analizar las reformas constitucionales y la producción legal y jurisprudencial que se realice en desarrollo del Acuerdo de La Habana.
Independientemente de que se esté o no de acuerdo con la refrendación parlamentaria del Acto Legislativo, lo cierto es que el mundo jurídico colombiano y las instituciones están sufriendo cambios extraordinarios y a una velocidad vertiginosa por cuenta del mismo. El Dr. Luis Jaime Salgar, expositor en el Foro, en conjunto con estas entidades, harán un esfuerzo mayúsculo para contarles a los colombianos lo que ocurre con la implementación normativa de la paz. Lo que queda claro con todo este maremágnum de la paz es que el Acuerdo de La Habana es, en sí, una chambonada, y la producción normativa también lo será.
A nadie se le ocurre que un Estado y sus ciudadanos cedan sus valores y principios, inclusive deprendiéndose de su poder soberano, para moldear al país a la conveniencia de un grupo terrorista, todo ello en “petit” comité y sin la participación popular directa. No obstante, si ello por sí solo no fuere un chambón exabrupto, la implementación asusta, no solamente porque se materializan los horrores que ya se conocían, sino que también se podría realizar una implementación extra o ultra petita (mas allá o en temas diferentes a lo indicado), incluso se podría violar la constitución o sus preceptos de disposición única por parte del constituyente primario.
Lo anterior, justificado en el hecho de que el texto del Acuerdo indica que: “[l]as instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final.” y “los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.”
Miremos por ejemplo los Decretos 903 y 898 de 2017. El primer Decreto pretende realizar el lavado de dinero ilícito más grande de la historia de Colombia. Las Farc, mintiendo hasta el cansancio y coadyuvados por el Gobierno, aseguraron que no tenían bienes, pero ahora pretenden crear un fondo con los bienes de las FARC, co-administrado por las Farc, destinado a la reparación de las víctimas, pero también a lo indicado en el punto 3.2.2. del Acuerdo.
Ese punto trata la Reincorporación Económica y Social de las Farc y sus miembros, e incluye programas sociales para los Guerrilleros, a Ecomun (la cooperativa o empresa de las Farc) y al Centro de Pensamiento y Formación Política. Así, el dinero ilícito producto del narcotráfico, secuestros y extorsiones terminaría siendo co-manejado por las Farc y destinado a los suyos y al ejercicio de la política.
Lo anterior es inaceptable e indigno y es un atropello y una burla al país y a sus ciudadanos. El segundo Decreto pretende crear una Fiscalía paralela, parte de la nueva para-institucionalidad creada por la paz y para las Farc. Este Fiscal será elegido por el Fiscal General de la Nación, de terna escogida por los mismos ilegítimos miembros de la comisión que escogería a los magistrados de la JEP.
Pretenden darle un matiz de dependencia a la Fiscalía General, cuando claramente el texto del Decreto establece su total independencia. Este Íncubo o demonio pretenderá posarse sobre todo aquello que pueda amenazar o atentar contra el proceso de paz y perseguirá las reales o presuntas estructuras paramilitares remanentes.
La Fiscalía General, aparte de ser el idiota útil que legitimará el nombramiento, también terminará en los brazos de semejante Íncubo, por cuanto no sólo se le privará de competencia en todo lo relacionado con la JEP, sino también sobre asuntos relacionados con amenazas o atentados contra el proceso de paz o cuando se trate de las estructuras paramilitares remanentes.