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Escrito por:

José Lopez Hurtado

José Lopez Hurtado

Columna: Opinión

e-mail: joselopezhurtado13@yahoo.es



Uno de los activos sociales que registra la sociedad colombiana por estos días es, sin duda, el hecho de que episodios oscuros que parecían condenados a la impunidad y olvido, comienzan a recibir por parte de los órganos judiciales, condigno reproche en los estrados. Lo que ha recobrado la confianza pública en sus órganos de administración de justicia, vilipendiados y sometidos a escarnio permanente durante los últimos ocho años.

Pero una nueva generación de valientes juristas han llegado a las posiciones claves de la Fiscalía General y la Procuraduría de la Nación, a los que como, se ha visto en los últimos días no les tiembla la mano para la aplicación de las normas. Lo de la condena a Mario Uribe y las de los parapolíticos, así como los procesos que, en sus instancias finales, se adelantan contra el fundador de la Universidad Cooperativa de Colombia y ex presidente de la Cámara de Representantes, César Pérez García o contra el inefable Sabas Prettel, sólo por citar a los más emblemáticos, auspician una nueva era en el ejercicio de la ley, que ojalá se mantenga por muchos años. Ya comienza a perder vigencia aquello de que la ley sólo es para los "de ruana".

Por supuesto que subsisten algunas falencias que se deben corregir, como en algunos casos de los barones del narcotráfico, extraditados a Estados Unidos, sobre todo en la consideración probatoria de sus testimonios. Por eso no deja de ser especialmente significativo que la H. Corte Suprema de Justicia haya solicitado hace algunos días al Inpec, instituto encargado de las cárceles, acondicione 25 celdas de máxima seguridad en La Picota, para nuevos reos de cuello blanco, comprometidos seriamente con los grupos narcotraficantes en los que se apoyaron para alcanzar sus objetivos electorales en todo el país, especialmente en la costa Atlántica. En este auspicioso clima que está generando la justicia colombiana resta el capítulo final de los Nule, que sin más dilaciones deben ser capturados para que respondan aquí, no en los Estados Unidos por sus crímenes contra el erario público y de una vez por todas, desenreden el ovillo de la participación del Alcalde de Bogotá y de su parentela en la punible feria de los contratos. Porque por el lado del ex contralor de Bogotá y de la Directora del IDU, Instituto de Desarrollo Urbano, al fin el vergonzoso contubernio criminal parece haber llegado a su fin, también ejemplarmente.

Con mucho valor civil, el brillante jurista caucano, amigo y contertulio Germán Pabón, como fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, acaba de solicitar la máxima condena para esa banda criminal que se apropió de los dineros públicos del Distrito de Bogotá, recomendando que el fallo del juez, no considerara bajo ningún punto de vista la concesión de beneficio alguno en la aplicación de la pena, como debe ser. La justicia colombiana está al alza, en un momento afortunado, que sólo será total cuando se brinden todas las garantías de seguridad personal a los operadores judiciales que tienen casos críticos bajo su responsabilidad. Pabón terminó su ponderada intervención diciendo, con voz emocionada, como recurriendo a la vena lírica de su Popayán y su Cauca: "Señora jueza, esta Colombia herida y sangrante está pendiente de su decisión", como refrendando la fe de todos los colombianos en esta nueva era de la justicia nacional.



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