Escrito por:
José Lafaurie Rivera
Columnista Invitado
e-mail: jflafaurie@yahoo.com
Twitter: @jflafaurie
Al parecer este eslogan del Banco Agrario no quiere decir que haya más oportunidades para el campo, sino que sus recursos se están feriando entre otros sectores de la economía, como la gran ingeniería, alegremente, sin garantías y con tasas preferenciales.
No me detengo en las gravísimas denuncias conocidas. A raíz del préstamo a Navelena por parte del Banco Agrario, me escandalizo por la transferencia bruta desde el sector más necesitado –el agropecuario– hacia multinacionales de ingeniería con posibilidades de inversión extranjera y, en este caso, con denuncias de corrupción. Me escandalizo porque mientras una mujer rural paga tasas del DTF+7, incluido Fondo de Garantías, y un pequeño productor hasta DTF+9, Navelena paga el DTF+2, la tasa para víctimas del conflicto.
En su informe 2015, el Banco saca pecho con 3,2 billones desembolsados a la cadena agropecuaria en 285.000 obligaciones, y la financiación de 93.000 microempresarios por $332.000 millones. Pero cuando se refiere a grandes empresas, informa desembolsos por $1,8 billones, omitiendo el número de clientes, que no serán muchos, si a Navelena le entregaron ¡120 mil millones!
No estoy en contra de prestar a los grandes empresarios rurales, pero me escandaliza que la plata se desvíe a otros sectores, mientras el Gobierno no tiene cómo financiar la Reforma Rural de las Farc. Con 120 mil millones se habría podido apalancar mejor a los 93.000 microempresarios o beneficiar a más de 33.000 adicionales; y se habría podido mejorar la cobertura a pequeños y medianos productores, que solo recibieron 2,1 billones de los 3,2 destinados a la cadena.
En su comunicado oficial el Banco informa olímpicamente que “no ha otorgado crédito alguno a la sociedad Odebrecht”, cuando todos sabemos que su filial colombiana es dueña del 87 % de Navelena, y que se encontraba en causal de disolución cuando le fue otorgado el préstamo, como lo informó la Supersociedades.
Los estados financieros que soportaron la notificación de la Superintendencia y la solicitud de crédito, mostraban activos por 25 mil millones, que no podían cubrir 29 mil millones en pasivos, a pesar de lo cual el Banco le prestó¡120 mil millones!, casi cinco veces más el valor de sus activos. Y como algunos servidores públicos piensan que la opinión pública es boba, el Banco declara que “para la aprobación del crédito se tuvo en cuenta la estructura financiera del proyecto”, como si el país no supiera que ese cierre financiero está embolatado.
Si la responsabilidad fue de la Junta Directiva, ¿qué dice su presidente y responsable de la política agropecuaria, el ministro y precandidato Iragorri? ¿Qué dice el Ministro de Hacienda, miembro de la Junta y también precandidato? ¿Acaso no sabían lo que todo el país sabía? Una vez más, como en mi anterior columna: ¿Y dónde estaba el contralor Maya?