De la corrupción estatal y otros demonios (parte I)

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El Pájaro de Perogrullo

El Pájaro de Perogrullo

Columna: Opinión

e-mail: jplievano@outlook.com



La última Reforma Tributaria de Santos, supuestamente para tapar el hueco que dejó la caída de los precios del petróleo y para que no bajaran la calificación soberana, no tendría justificación, ni necesidad alguna, si no hubiere tanta corrupción.
En Colombia se roban hasta un hueco y los bienes del Estado son la presa favorita. De hecho, conforme lo han señalado distintas fuentes, la corrupción llegó en el 2016 a la astronómica y vulgar cifra de 23 billones, suma muy superior a lo que recaudará la Reforma Tributaria. El tema de la corrupción, sin embargo, no parte solamente de la financiación de las campañas, como de manera “pilatesca” lo hace ver Santos, sino que se deprende de un problema estructural que ningún gobierno ha querido afrontar y arreglar. De hecho, a la corrupción la rondan varios demonios, que deben ser analizados en su conjunto, para poder desenmarañar los problemas y plantear las soluciones.

Primero, el tamaño y rol del Estado. En la medida que tengamos un Estado paternalista que reparta subsidios y provea bienes y servicios de manera directa a los ciudadanos, se va a requerir un aparato estatal grande. Un aparato estatal grande significa trámites y burócratas para realizarlos, lo cual facilita la corrupción. Segundo, los partidos políticos no son verdaderas fuerzas con ideología (con algunas excepciones), sino que son grupos para llegar al poder y a los recursos del Estado, para ubicar y favorecer a la clientela de los políticos. Esto hace que exista la necesidad de reelegirse y haya más clientela y más burocracia.

En tercer lugar, existe una apatía de los ciudadanos a participar en las elecciones, lo cual hace que los políticos se aprovechen, ofreciendo el día de la elección el trasporte y hasta la alimentación, o que incluso ofrezcan dinero por el voto. Esto hace que las campañas tengan costos excesivos, e incluso, según dicen, hasta que se requieran recursos mayores a los topes que permite la ley.

Cuarto, la ley, además de contar con topes totales, tiene topes y restricciones específicas, sea de personas naturales o jurídicas o de montos por personas o grupos, y hace diferencias entre campañas presidenciales y regionales. Todo con el pretexto de que haya una mayor participación y que no exista una influencia posterior en el candidato elegido. Quinto, los órganos de control son elegidos por quienes van a ser supervisados o los padrinos políticos de los supervisados, lo que hace muy limitada la investigación y castigo a los corruptos, sin descontar que no existen tipos penales electorales específicos de la financiación de las campañas. Las investigaciones en la contratación se dan cuando el abuso es excesivo o cuando existe una persecución política o cuando no se comparte lo que se robó.

En el caso de las contralorías departamentales y municipales, el asunto es aún más perverso, conforme a que el candidato ganador es quien termina imponiendo su propio contralor en las asambleas o concejos. Sexto, la existencia de los cupos indicativos y las malas prácticas y la inversión de roles del Legislativo, pues este se deja “comprar” y a su vez direcciona el uso o se vuelve “ejecutor” del gasto de dicho cupo en sus regiones. Finalmente, la ley de contratación es obsoleta. No hay un verdadero balance entre costo y beneficio y una verdadera planeación. Se contrata normalmente lo barato, pero todo se cuadra con adiciones y modificaciones a los contratos. También, los mismos pliegos y diseños, según dicen, son los que traen ya amañada la trampa, favoreciendo a quien se quiere beneficiar con la adjudicación o facilitando las adiciones y modificaciones. Hasta acá algunos de los problemas. En mi próxima columna indicaré unas posibles soluciones.