La última Reforma Tributaria de Santos, supuestamente para tapar el hueco que dejó la caída de los precios del petróleo y para que no bajaran la calificación soberana, no tendría justificación, ni necesidad alguna, si no hubiere tanta corrupción.
Primero, el tamaño y rol del Estado. En la medida que tengamos un Estado paternalista que reparta subsidios y provea bienes y servicios de manera directa a los ciudadanos, se va a requerir un aparato estatal grande. Un aparato estatal grande significa trámites y burócratas para realizarlos, lo cual facilita la corrupción. Segundo, los partidos políticos no son verdaderas fuerzas con ideología (con algunas excepciones), sino que son grupos para llegar al poder y a los recursos del Estado, para ubicar y favorecer a la clientela de los políticos. Esto hace que exista la necesidad de reelegirse y haya más clientela y más burocracia.
En tercer lugar, existe una apatía de los ciudadanos a participar en las elecciones, lo cual hace que los políticos se aprovechen, ofreciendo el día de la elección el trasporte y hasta la alimentación, o que incluso ofrezcan dinero por el voto. Esto hace que las campañas tengan costos excesivos, e incluso, según dicen, hasta que se requieran recursos mayores a los topes que permite la ley.
Cuarto, la ley, además de contar con topes totales, tiene topes y restricciones específicas, sea de personas naturales o jurídicas o de montos por personas o grupos, y hace diferencias entre campañas presidenciales y regionales. Todo con el pretexto de que haya una mayor participación y que no exista una influencia posterior en el candidato elegido. Quinto, los órganos de control son elegidos por quienes van a ser supervisados o los padrinos políticos de los supervisados, lo que hace muy limitada la investigación y castigo a los corruptos, sin descontar que no existen tipos penales electorales específicos de la financiación de las campañas. Las investigaciones en la contratación se dan cuando el abuso es excesivo o cuando existe una persecución política o cuando no se comparte lo que se robó.
En el caso de las contralorías departamentales y municipales, el asunto es aún más perverso, conforme a que el candidato ganador es quien termina imponiendo su propio contralor en las asambleas o concejos. Sexto, la existencia de los cupos indicativos y las malas prácticas y la inversión de roles del Legislativo, pues este se deja “comprar” y a su vez direcciona el uso o se vuelve “ejecutor” del gasto de dicho cupo en sus regiones. Finalmente, la ley de contratación es obsoleta. No hay un verdadero balance entre costo y beneficio y una verdadera planeación. Se contrata normalmente lo barato, pero todo se cuadra con adiciones y modificaciones a los contratos. También, los mismos pliegos y diseños, según dicen, son los que traen ya amañada la trampa, favoreciendo a quien se quiere beneficiar con la adjudicación o facilitando las adiciones y modificaciones. Hasta acá algunos de los problemas. En mi próxima columna indicaré unas posibles soluciones.