Al momento de escribir esta columna no he tenido la oportunidad, como muchos, de leer el nuevo acuerdo. Indica la prensa que ya no tiene 297 páginas sino 310.
Cada uno de los que votaron lo hizo positiva o negativamente por uno o varios motivos, fueren estos válidos o no, por cuanto simplemente, el voto fue el resultado de su íntimo convencimiento de cómo debería ser su país y su sociedad. Recordemos que ese es un fenómeno mundial que se está viendo. Países y ciudadanos que votan por lo que quieren, por lo que piensan debe ser su comunidad, su sociedad y su nación. En este sentido, por ello debemos todos estar vigilantes y pendientes de estas 310 páginas del nuevo acuerdo, de lo que dicen, y sobre todo, de cómo se va a refrendar el nuevo acuerdo.
No sería procedente hacerle el “by-pass”, es decir sacar de bulto, o de lado, al pueblo, y dejar que este nuevo acuerdo lo refrende el Congreso, donde las mayorías de la unidad nacional lo aprobarán sin mayor escrutinio. Ello no sería válido, conforme hubo un pronunciamiento popular no apoyando el acuerdo. Hay cosas, como lo indicaron los del No, que son trascendentales en el devenir del posconflicto y la estructura propia de la nación y sus instituciones. Son las llamadas líneas rojas que el nuevo acuerdo debería recoger.
Ellas son básicamente las siguientes: prisión para criminales de lesa humanidad, no elegibilidad inmediata para criminales de lesa humanidad, no a las circunscripciones especiales y a las curules a dedo, no a excesivas ayudas al nuevo partido político de las Farc (dinero y emisoras, por citar algunas), no al blindaje constitucional del acuerdo, no al estado paralelo y las instituciones paralelas que se creaban con el acuerdo, no a la justicia especial con jueces extranjeros y que no tuviere garantías como la doble instancia (debiendo ser el órgano de cierre la Corte Suprema de Justicia), la cosa juzgada, la tutela, entre otras, no al narcotráfico como delito conexo y la no extradición, incluso para familiares, no a que las Farc conserven su dinero y no reparen de manera adecuada a las víctimas, no al modelo de desarrollo agrario que se pretendía, que condenaba al campo a la pobreza, el atraso y hubiere legalizado la propiedad de testaferros de las Farc, y no a apoyos a guerrilleros sin contraprestaciones para que se reinserten.
Si el nuevo acuerdo no aborda estos cuestionamientos, la voluntad del pueblo sería cercenada. Hay que incluir las modificaciones y someter nuevamente al pueblo la refrendación de manera que sea este el que determine si ese nuevo acuerdo es conveniente e incluye las modificaciones requeridas para que ahora sí se vote positivamente el nuevo acuerdo, o los que aún queden insatisfechos, se expresen de manera negativa.
Ojalá todos los actores de la negociación (el Gobierno y las Farc) entiendan que los del No sí tienen voluntad de paz, pero que esa voluntad tiene matices muy particulares e individuales, que deben ser recogidos en un nuevo acuerdo, sino en su integridad, en su mayoría y lo fundamental, para que los ciudadanos nuevamente se expresen en las urnas sobre lo que sería o no conveniente para ellos y el país. Esperemos esto se solucione de esta manera.