Paz versus democracia

El resultado del plebiscito, aun cuando por estrecho margen, fue no apoyar el acuerdo final de La Habana. Y es por esto que el país se encuentra, hoy en día, en una disyuntiva aparentemente difícil de resolver, entre paz y democracia, con la consecuente tentación de algunos espontáneos que abogan por desconocer el resultado electoral e implementar el acuerdo.

Surge, entonces, la pregunta: ¿Qué debe primar, la paz o la democracia? Para responderla, debemos establecer primero el significado de cada concepto. La paz no es otra cosa que un estado de tranquilidad, de reposo y de quietud, en el cual no hay violencia. Es un valor jurídico que debe realizar la sociedad y el Estado. La democracia no es más que una forma de organización del Estado, en la cual las decisiones son adoptadas por el pueblo, sea de manera directa, mediante un referendo o plebiscito, o indirecta a través de los representantes electos directamente por el pueblo. Es una forma de gobierno que mediante su ejercicio pretende realizar o desarrollar los valores jurídicos, entre ellos justicia, orden, libertad, igualdad y paz. No son entonces conceptos que se contrapongan el uno con el otro y, por ello, estemos necesariamente obligados a escoger el uno o el otro. Se deben armonizar y mirar integralmente. En ese orden de ideas, las formas de gobierno serían el contenedor, donde se realizan y desarrollan los valores jurídicos, como la paz, que serían su contenido, su sustancia y su propia razón de ser. La democracia o el gobierno de los más, está demostrado, es la forma de gobierno más adecuada para la realización y desarrollo de los valores jurídicos citados, entre ellos la paz, por lo que se debe concluir necesariamente que no puede haber paz sin democracia. Así, desconocer un resultado electoral, dentro de una democracia, en aras de implementar un acuerdo con un grupo terrorista, implicaría que nuestro sistema de gobierno no es un sistema democrático y, a futuro, no tendríamos el contenedor adecuado para el desarrollo y realización de los valores jurídicos de justicia, orden, libertad, igualdad y paz. Igualmente, debemos entender que el pueblo no rechazó la paz, solo rechazó el acuerdo final que pretendía dar unas concesiones exorbitantes a un grupo guerrillero, para que entregara las armas, se reincorporara a la vida civil e hiciera política. Este acuerdo, como lo he indicado en reiteradas ocasiones, era un acuerdo malo para el país y sus ciudadanos. El mandato popular para el Presidente fue claro: No apoyamos el acuerdo final. Y no lo apoyamos porque el grueso de la ciudadanía no cree, ni creía, que ese acuerdo final fuera a garantizar la paz y, por el contrario, su costo institucional era enorme. Por eso el Presidente, en uso de todas sus competencias legales y constitucionales, debe procurar, dentro de la democracia, respetando la decisión del pueblo, renegociar el acuerdo y ponerlo en consonancia con lo que quiere el grueso de los colombianos. No se trata de hacer ajustes menores o un maquillaje. Se trata de reestructurarlo de manera integral para que incluya los valores adecuados para el desarrollo y realización de los valores jurídicos citados: justicia, orden, libertad, igualdad y paz. Ese es el mandato. Y del afán no queda sino el cansancio. Hay que tomarse el tiempo que sea necesario para que el acuerdo quede bien hecho, no con lo que quieran las Farc, sino con lo que quieran y están dispuestos a ceder los colombianos. Esperamos, por ello, que las Farc pasen su primera prueba democrática y ajusten sus pretensiones, conforme a la realidad política actual, dada cuenta los resultados electorales.

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