Este punto del “fin del conflicto” repite algunas cosas del punto anterior, continúa otorgando concesiones inaceptables a las Farc y sirve de plataforma ideológica y de reivindicación.
Lo primero que indica es que se debe lograr un consenso nacional para que en el ejercicio de la política primen los valores democráticos -el debate civilizado, el libre juego de las ideas, sin espacio para la intolerancia- y que cese la persecución por razones políticas, algo obvio y razonable y nada distinto a lo que se establece en la Constitución y en la ley.
Se establece un cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivas. Se reivindica, con semejante afirmación, que el Estado realiza “hostilidades” y que se trata de 2 fuerzas que se combaten la una con la otra, de manera legítima, cuando en realidad la fuerza legítima es solo del Estado que la debe ejercer permanentemente.
Se trata de la “dejación” de las armas, no de la entrega de ellas al Estado. Las armas se destinarán a la realización de 3 monumentos: para Colombia, Venezuela y la sede de la ONU. Con ello vamos a permitir que haya una romería de culto a la revolución y al comunismo, peligroso e inaceptable dentro de un Estado democrático. Gran elaboración tiene el cronograma de cese al fuego y dejación de armas, con comisiones de verificación y apoyo internacional de la ONU. Lo que no es aceptable es que la ONU no sea la ONU sino la Celac, es decir Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Se establecieron 8 campamentos y 23 zonas veredales, básicamente 23 caguanes donde el Estado poco podrá controlar. Se da permiso de desplazamiento a nivel nacional a 60 personas y 10 personas a nivel departamental por cada zona, supuestamente para labores de cumplimiento del AF. Se continúa o reitera la violación de principios democráticos y de igualdad. Se contempla la personería jurídica del partido político de las Farc, sin cumplir con los umbrales electorales hasta 2026, la financiación del partido y de la fundación de pensamiento con un 20% de la asignación de todos los otros partidos, también hasta 2026, la financiación de campañas electorales al Senado por un 10% del límite de gastos por Senador, sin obligación de reponer, para las campañas de 2018 y 2022, y se garantiza la obtención regular de curules, pero con garantía de 5 de Cámara y 5 de Senado, durante 2018 y 2022, y sin perjuicio de las 16 circunscripciones especiales. Mientras tanto, se permitirá la asistencia de 3 voceros en Cámara y 3 en Senado para hacer seguimiento a la implementación de los AF. Se le dará a cada ex-guerrillero el 90% de un salario mínimo mensual y seguridad social por 2 años, 2 millones por una sola vez y 8 millones para un proyecto productivo. Si el proyecto es colectivo, dicha suma será entregada a Ecomun. El problema no es el dinero y las dádivas sino el mensaje al colectivo social.
Se hará un censo socioeconómico por parte de la Universidad Nacional para determinar las necesidades de los “excombatientes”. ¡Qué bonita oportunidad para afincar redes de apoyo político! La lista de “combatientes” a ser reincorporados y beneficiarios la establece las Farc, pero además la pueden modificar. Finalmente, se establecen varios programas e instituciones para la seguridad de las Farc, la reincorporación, la reconciliación, la convivencia, la prevención de la estigmatización y en general la pedagogía de la paz, grandes espacios para opinar e incidir políticamente en la sociedad. De especial consideración son los organismos (por fuera de la institucionalidad actual) que se crean de lucha contra las organizaciones criminales que atenten contra la paz, los acuerdos y los políticos de las Farc.
Algunas de esas nuevas entidades tendrán participación de las Farc y podrán proponer mecanismos para revisar a los funcionarios públicos, a fin de determinar si incurrieron en violaciones de derechos humanos o apoyaron paramilitares (incluidas sus conductas y sus declaraciones de renta), proponer legislación, hacer seguimiento a los avances de lucha contra las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo, monitorear y hacer control de las actividades de las empresas de seguridad. Ello puede desencadenar en cacerías de brujas no deseadas por fuera de la institucionalidad regular. En fin, el fin del conflicto para las Farc, más que dejar las armas, es iniciar su actividad política y asegurarse de que se implemente en su integridad el AF, con los riesgos y desinstitucionalización que ello traerá para el país. La agenda política, como por arte de magia, estará sometida a la voluntad de las Farc.