“El ojo, sin duda, ha perdido el juicio. (“El Loco”. Khalil Gibran).
Con seis puntos sobre reforma rural, participación política, cese al fuego y hostilidades, drogas ilícitas, víctimas y mecanismos de implementación y verificación terminaron, después de cuatro años, las negociaciones entre Santos y los narcoterroristas de las Farc en Colombia, en el escenario de claudicaciones vergonzosas por parte del Estado, y de artificiosos discursos del grupo criminal, causante de más de 220.000 muertos, mutilados, destrucción, desapariciones, extorsiones y secuestros, en más de medio siglo.
Las charlas y acuerdos mantenidos en el más absoluto silencio durante el trascurso del proceso, por fin vieron la luz, ante la reacción indignada de la mayoría de la población colombiana, la de la gente de la calle, que si ha sufrido los vejámenes de cinco décadas de luctuosa historia, y que curiosamente, deberían estar celebrando los acuerdos, pero que no aceptan que se hayan hecho, con los altos costos institucionales, legales y económicos, que significan los puntos acordados.
De verdad, el extenso documento de 297 páginas, que deberán leer los colombianos para adoptar una decisión final el 2 de octubre, fecha dispuesta para votar el plebiscito que resolverá la adopción o rechazo de los acuerdos conseguidos, es un tratado inabordable para quienes no tengan estudios jurídicos en un país, además, con alto grado de analfabetismo, baja escolaridad e índices escalofriantes de desempleo.
El documento que introduce las condiciones para “contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera”, es precisamente, un texto entre ininteligible y confuso, por la manera entre grotesca y ordinaria, cuando no, técnica y abstracta en que está redactado, pero en lo básico, bastante ultrajante, al consagrar las prerrogativas económicas y políticas que se conceden a los guerrilleros , a las que nunca han tenido acceso el común de los ciudadanos que han trabajado decorosamente toda la vida.
Mientras el colombiano pobre y trabajador, en un país donde predomina el empleo informal y disfrazado, a duras penas logra conseguir lo mínimo para vivir, --si es que lo consigue--, a quienes después de estar en el campo combatiendo y matando indiscriminadamente a sus conciudadanos, el gobierno se compromete a mantener por espacio de dos años con un sueldo que alcanza los 230 dólares, cuando el soldado regular, que ha peleado y entregado su vida, a duras penas recibe un subsidio de 90 dólares, son motivos más que suficientes para que se haya generado la ola de indignación que se percibe en los estratos más humildes de la población, apenas se conocieron los acuerdos.
Santos, con los más bajos índices de popularidad que registra Presidente alguno en los últimos años, durante todo el proceso, mantuvo engañado al país, cuando prometió, en todas las formas posibles, que no se tocaría el presupuesto nacional para subsidiar sueldo alguno a los guerrilleros- cerca de 7.000 dicen los informes-, y que las Farc, no merecerían consideración alguna en los acuerdos, que privilegiaran su eventual participación política en las más altas instancias de los recintos democráticos. También mintió: contarán con diez curules en forma directa, sin necesidad de someterse a los rígidos controles que existen para otros partidos políticos, que tienen, incluidos los de régimen especial minoritarios, indígenas, afro y oposición, ganarse los cupos a brazo partido en la arena democrática.
Mentiras, que además, de otros tantos motivos, ya de naturaleza jurídica de los propios acuerdos, ya por el desastroso gobierno que ha dirigido, de seguro, le significará el más duro revés, cuando la mayoría de los ciudadanos se decida por el no y deje sin ningún piso los acuerdos, y obligue a su replanteamiento.