La toma del Bronx en Bogotá por parte de las autoridades dejó al descubierto la dimensión de la tragedia humana, o infierno como muchos le llamaron, que se daba a escasos pasos y ante la indiferencia del centro del poder político y económico del país.
Era un microcosmo de los problemas sociales que aquejan a nuestra sociedad: tráfico de drogas, asesinatos, robos, explotación sexual de menores, drogadicción, secuestro y casas de pique. Comparado con el infierno porque todo esto era un estilo de vida, lo normal. La escala de degradación y del sufrimiento humano sobrepasa todos los límites.
Tal vez este infierno al lado de los poderosos es evidencia de las abismales diferencias que existen en nuestra sociedad, en donde unos tienen mucho y acaparan todo, y otros casi nada tienen. Lo triste es que entre esos que andan en carros blindados y rodeados de guardaespaldas, hay elementos mucho más peligrosos y peores que los habitantes del Bronx.
La toma es solo un primer paso, pero que puede quedarse corto frente a la tragedia social. Escuché las declaraciones de una vocera del Distrito Capital que decía que las personas no podían ser obligadas a rehabilitarse en contra de su voluntad. Que esto iba contra el derecho al libre desarrollo y que incluso podía constituirse en secuestro.
Pensé: si las leyes son un obstáculo, pues cambiémoslas. Las leyes las hacen los hombres y por tanto los hombres pueden cambiarlas. El derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto.
Si se aprecian las condiciones de vida de los habitantes del Bronx, se puede argumentar con bastante fundamento, que de ser necesario, se puede institucionalizar a una persona, aun contra su voluntad. O que se la puede obligar a atender programas de rehabilitación. El bien general prima sobre el particular.
Doy ejemplos. ¿Por qué las autoridades tratan de salvar a alguien que quiere lanzarse del puente? Si el derecho a hacer lo que a uno le dé la gana es absoluto, lo lógico sería que las autoridades no hicieran nada y dejaran que la persona se suicidara en paz; es más, acordonarían el sitio para que la persona pueda hacer su voluntad.
Segundo ejemplo, alguien se toma una cucharadita del famoso Racumín, que no sirve para matar ratas sino personas, y al quedar la persona inconsciente, la tratan de salvar.
Tercer ejemplo. Una persona que es demente o que incluso no puede controlarse –disipador-, se le suspenden sus derechos, y otra persona toma decisiones por ellas.
Las personas que son drogadictas, son equiparables a los dementes o a los disipadores, por lo tanto deberían ser incapaces ante la ley, y otros deben decidir por ellos. Sus familiares principalmente, y si estos no están, el estado.
Hay que modificar las leyes para que la sociedad en general pueda protegerse y evitar que nuestro capital humano se degenere y se pierda so pretexto de que ese individuo tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad.
En qué cabeza cabe que el bien común se logra con un estado indiferente, o cómplice, que deja que su juventud se pierda y se deshumanice como sucedió en el Bronx.
Soy de los que pienso que por el camino del plagio de todo lo que sucede en otros países, vamos a avanzar. Nuestra dirigencia ha renunciado a pensar y contextualizar soluciones aptas para nuestro contexto social. Nada logramos con tener leyes y jurisprudencias modernas, copiadas del mundo desarrollado, si nuestra sociedad se deteriora a pasos agigantados. Es hora de hacer leyes y de sentar jurisprudencia apta para nuestro contexto y para avanzar el ideal del bien común. Ojalá que la experiencia del Bronx no vuelva a repetirse en ningún rincón de nuestro país.