Santa Marta conmemora 495 años de su fundación. Esta fecha, más que celebrar, amerita reflexionar sobre aquellos problemas que han sido arrastrados históricamente, producto de la deficiente gestión pública, conductas corruptas e indiferencia social durante los últimos años. Aunque son diferentes aspectos críticos, los más relevantes son: desempleo, carencia de servicios sociales, crisis del agua y desorden territorial. Todos estos, agravados por efecto de la pandemia.
El desempleo, afecta tanto el diario vivir de hogares como el incremento de actividades informales y el deterioro de la seguridad ciudadana. La tasa de desempleo de Santa Marta, alcanzó el 19,7% (may/2020), mientras, su informalidad laboral se ubicó en 62,2% (feb/2020-Dane). Producto de la crisis sanitaria, se produjo recientemente, el cierre aproximado del 96% de empresas locales (CCSM).
En esta línea, la ciudad se ubicó como la quinta más pobre del país (Dane-jul/2019). Esto, se asocia con la insatisfacción de necesidades básicas, como: salud; deficiente infraestructura y dotación para atender la población objetivo. Educación, infraestructura y sus resultados en términos de calidad insuficientes (puesto 25 entre 32 ciudades capitales-2019). Vivienda; déficit del 48,11%, Dane.
Crisis del agua, es otro aspecto que disminuye la calidad de vida de los samarios. Año tras año, nos columpiamos entre sequía e inundaciones -además de aguas negras-, que dañan la salud pública, producen pérdidas humanas, costos materiales y afectan sectores económicos, como la construcción y el turismo.
Seguidamente, tenemos el desorden territorial, producto de la desactualización del actual POT, las fallas de su implementación y el débil ejercicio de control urbano. La ciudad ha crecido sobre la base de la destrucción del entorno natural y paisajístico. Evidenciado esto, por la invasión de zonas de alto riesgo (riberas de ríos y cerros), en áreas rurales y urbanas, así como, la degradación del espacio público que, por tratarse de un factor de competitividad entre destinos turísticos, disminuye nuestro potencial.
Aunque son diversos, los problemas descritos tienen en común, los conflicticos políticos e intereses económicos particulares que han estado por encima del proyecto de ciudad. Esto, ha propiciado un ambiente de polarización que, nos mantiene en una “patria boba”, mientras ciudades vecinas se posicionan nacional e internacionalmente por su competitividad y desarrollo social.
Superar este letargo, demandará el liderazgo y trabajo de la sociedad en su conjunto, a fin de generar consensos, gestionar y velar por el manejo eficiente y apropiado de recursos públicos. Sólo, sobre esta base, es posible viabilizar estrategias como las relacionadas a continuación.
Estimulación del empleo y atracción de la inversión, a través de la reactivación del sector turístico. Aprovechar la ventaja de contar con escenarios naturales en áreas rurales que, en virtud de la crisis sanitaria, serán atractivos para los distintos mercados. Este proceso beneficiará actividades, como la construcción, gran generador de empleo y dinamizador de la economía. Asimismo, debe articularse la agenda socio-productiva local con el plan de reactivación económico nacional para facilitar que, sectores socioeconómicos accedan a programas, estímulos e incentivos para el emprendimiento y mejoramiento de la calidad de vida.
El fortalecimiento de la oferta de servicios sociales, exigirá una participación y liderazgo de todos los sectores frente a la gestión, veeduría y ejecución de soluciones pertinentes con la satisfacción de las necesidades básicas.
La solución del agua, demandará la estructuración de una Asociación Pública-Privada, cuyo objetivo sea el diseño y construcción de una solución definitiva para esta problemática. Al respecto, se precisan esfuerzos políticos y gremiales para gestionar el apoyo técnico y financiero de la Nación.
La revisión y adopción del nuevo POT, para el ordenamiento territorial la oportunidad de concertación socio-productiva de la visión y vocación del territorio. De este proceso, deberán resultar medidas y proyectos que conduzcan a priorizar entre otras, la reubicación de asentamientos ubicados en zonas de altos riesgo, el establecimiento de la capacidad de carga y estrategias para la recuperación de espacios públicos, fomento de la inversión pública/privada y mecanismos de Ley para facilitar la gestión financiera del suelo.
El reto como sociedad es, asumir la responsabilidad de nuestras conductas individuales, frente al bienestar colectivo, superar la polarización y reconocernos nuevamente como miembros de una gran familia, con diferencias y dificultades, pero comprometidos con un territorio de oportunidades para todos.
