‘Rediseño’ en la Gobernación, antecedentes para un mal paso

Editorial
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Como se hace necesario para las nuevas administraciones departamentales al principio de cada periodo, el gobernador Carlos Caicedo solicitó a la Asamblea Departamental facultades para comenzar hacer a gestión.

En esta oportunidad el mandatario de turno solicitó potestad para la ampliación de Consejo Territorial de Planeación -CTP-, la institucionalización del programa de alfabetización y la reestructuración institucional de la Gobernación.
Aunque este paquete de facultades puede pasar inadvertido para la mayoría de los magdalenenses, ese no es el caso para los servidores públicos de la Gobernación y en especial para aquellos funcionarios de las entidades donde el actual mandatario y sus aliados políticos han ejercido como gobernantes. Tal es el caso de la Universidad del Magdalena y la Alcaldía Distrital.

El desarrollo de un Rediseño Institucional, como técnicamente denomina este proceso la función pública, es una decisión que tiene implicaciones profundas para cualquier organización y sus miembros, ya que ésta puede ir desde ajustar aspectos de forma administrativa hasta la profundidad de disminuir o ampliar tanto la estructura orgánica funcional de la entidad, como la planta de cargos. En este orden, necesariamente se ven afectados los servidores, quienes quedan a merced de los criterios o caprichos de quién ordene y desarrolle la renovación.

Los antecedentes de Caicedo al respecto, son definitivamente “intimidantes” para el sector de funcionarios de la Gobernación, pues de su “estilo” quedan las huellas de la reestructuración que dirigió en la Universidad del Magdalena mientras fue rector. Al menos 100 funcionarios fueron desvinculados, a muchos de estos la justicia después de varios años le restituyó sus derechos. Esta situación derivó en contra de la institución universitaria, pues debió asumir por orden judicial millonarias indemnizaciones en favor de los antiguos servidores.

Quienes conocieron el proceso de reestructuración de la Unimagdalena, manifiestan que más allá de las muchas arbitrariedades jurídicas cometidas en contra de los funcionarios, fue el talante considerado por muchos como agresivo en la ejecución del proceso, lo que más daño produjo.

En medio del hoy conocido como rediseño institucional, se presentaron denuncias por parte de trabajadores oficiales, estudiantes y dirigentes sindicales que tenían en común estar en contra de dicho proceso. Pese a que la justicia reconoció los derechos de muchos de los trabajadores en la Unimagdalena, estos son conscientes de que a pesar del resarcimiento económico, el proceso truncó los proyectos de vida de muchas familias.
Desafortunadamente, decisiones como esta, suelen tomarse a la ligera por algunos gobernantes y más, si estos siguen las doctrinas de un grupo político. Tal es el caso de la Alcaldía Distrital durante el periodo de Rafael Alejandro Martínez, fue objeto de un proceso de rediseño institucional, cuyos resultados fueron cuestionados por no estar debidamente fundamentados técnica y legalmente.

El Contrato de este proceso se hizo por un valor de $494.894.235, con una institución educativa que al parecer no tenía la idoneidad para tales fines: la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El representante legal de dicha entidad y quien firmó por la misma en el contrato en mención, William Muñoz Prieto, acaba de ser sancionado con destitución e inhabilidad de 17 años y 6 meses por el manejo irregular de recursos públicos por más de $11.380 millones.

Esta Casa Editorial conoció el documento mediante el cual el despacho del Gobernador solicita las facultades, y en este se observa que la exposición de motivos del mismo, es más una opinión que un sustento técnico que mínimamente justifique. Esto resulta preocupante, ya que este tipo de procesos no son “gratis” en su estructuración, ni en su implementación.

A la fecha, la Duma departamental no ha dado respuesta a la solicitud del Gobernador. Bien haría ésta colectividad antes de tomar cualquier decisión, analizar en profundidad el alcance de esta solicitud, pues perfectamente a partir de su aprobación, la Gobernación del Magdalena podría estar ad portas de una masacre laboral.

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