Vuelve nuevamente sobre el tapete el rescate del Galeón San José, después de haberse pospuesto debido al cambio en la jefatura presidencial y a las diferencias existentes entre los gobierno de Colombia y España, sobre quien es el mayor beneficiario de este botín que traída el barco al momento de hundirse en las costas de Cartagena.
El San José fue un galeón del Imperio español, construido en 1698 y que zarpó en 1706 junto con otros barcos para el mar Caribe y llegó a Cartagena de Indias después de un mes de navegación. El San José fue cargado con lingotes, monedas de oro y plata, además de otras mercancías; todo con un valor total de 11 millones de pesos en la época. La flota fue atacada por barcos ingleses y se hundió con su cargamento en la Batalla de Barú, en la península de Barú, actual mar de Colombia.
El galeón fue encontrado el 27 de noviembre de 2015 por investigadores del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Icanh, personal de la Armada Nacional de Colombia y de Dirección General Maritíma, Dimar, en las costas cercanas a Cartagena de Indias.
La posición del gobierno español es que se trata de un “barco de Estado”, y no de titularidad privada, lo cual hace que esté protegido por la inmunidad soberana. La inmunidad soberana sobre el buque implica que ningún Estado pueda tomar una decisión unilateral sobre lo que afecte al buque sin la conformidad del Estado de bandera. En este sentido, el derecho internacional señala que los barcos de guerra tienen inmunidad soberana; es decir, gozan de una especie de extraterritorialidad como si fueran un pequeño espacio de territorio de su Estado de origen allá donde estén. Especialmente si han sido hundidos en combate. El San José, hundido tras una emboscada realizada por una flota británica en el siglo XVIII, llevaba en su bodega todo tipo de objetos valiosos, ejemplos del arte y la tecnología de esa época, una enorme colección de monedas acuñadas en América en cantidad de varias toneladas, barras de oro y de plata, así como toneladas de joyas y piedras preciosas.
La opinión pública, europea y americana, hasta hace pocos años, consideraba el patrimonio subacuático como «tesoros ocultos» en estos casos y aceptaba que vinieran a pertenecer a quiénes los encontraban, pero desde 1985 con la Ley de Patrimonio Histórico y la Convención de la Unesco sobre el Patrimonio Subacuático se declaró estos pecios como un bien de interés general de las sociedades, los Estados, las Naciones y la Humanidad entera.
El Consejo de Estado de Colombia conoció del caso, en razón a diferentes polémicas que se suscitaron alrededor del afamado tesoro. Mediante sus sentencias, esta corporación judicial se pronunció aseverando que se considera tesoro todos los restos que se encuentren dentro del barco, toda vez que los mismos no tengan ninguna marca o signo distintivo. En caso de poseer uno de esos símbolos, se considerará cómo patrimonio cultural, y en razón a ello, debe ser conservado; por su parte la Universidad Nacional de Colombia, emitió un concepto en el cual recomendó al Gobierno Nacional el estudio previo de la zona, antes de cualquier modificación del territorio. El mismo sigue en análisis aunque se ha parado la exploración. En 2018, a raíz de esta situación se creó el Observatorio del Patrimonio Cultural Subacuático Común y Compartido, para evitar conflictos similares en el futuro
Ahora y después de cuatro meses de suspenso, el gobierno español no se ha olvidado del caso, y el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, anunció que confía en entregar a las autoridades colombianas una propuesta de memorándum de colaboración relativo a los restos del galeón San José.
Los españoles están trabajando los memorándums de colaboración para sondear la aceptación que tendrían en el gobierno colombiano, que en ningún momento se ha negado a llegar a un entendimiento con el respecto al rescate del buque, que no solo traía un atractivo botín sino también 600 españoles que fallecieron en el hundimiento siendo ahora la tumba de marinos españoles.
España ha ofrecido a Colombia apoyo técnico y económico para investigar conjuntamente el precio con el objetivo de preservar, proteger e investigar con fines científicos; Colombia ha aprobado dos prórrogas sucesivas en su proceso de decisión sobre qué hacer con el pecio del buque español. Y ahora se está a la espera de autorizar a una compañía privada la exploración y explotación de los restos ya que Colombia no ha firmado la convención de la Unesco, y todo lo que se haga debe ser voluntario, por lo que se trata de evitar que se caiga en la tentación del mercantilismo.
