La comisión de empalme solicitó a la Procuraduría revisar el proceso contractual de $786.000 millones por presuntas inconsistencias en su estructuración.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, solicitó a la Procuraduría General de la Nación ejercer vigilancia preventiva sobre el proceso de contratación para la construcción de la planta desalinizadora que busca mejorar el abastecimiento de agua potable en Santa Marta.
La petición fue presentada por la comisión de empalme del nuevo Gobierno, que manifestó preocupación por posibles inconsistencias en la planeación, el respaldo presupuestal y los requisitos técnicos y financieros del proyecto, cuya inversión asciende a $786.000 millones.
Según el comunicado emitido por el equipo del mandatario electo, también se pidió revisar si el proceso garantizó la libre competencia y la transparencia durante la etapa contractual, teniendo en cuenta que fue adelantado en los últimos días del actual Gobierno nacional.
Uno de los aspectos que será objeto de análisis es la modificación del diseño inicial del proyecto. De acuerdo con la comisión de empalme, la propuesta contemplaba originalmente la construcción de dos plantas desalinizadoras, pero durante el proceso contractual se habrían realizado cambios en su estructuración, por lo que se solicitó verificar la trazabilidad de esas modificaciones y de los documentos publicados recientemente.
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La nueva administración señaló que busca garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos destinados a una obra considerada estratégica para enfrentar el histórico déficit de agua potable en la capital del Magdalena.
El proyecto cuenta con financiación asegurada mediante el Documento CONPES 4159 de 2025, que declaró la iniciativa como un Proyecto Estratégico de la Nación y destinó los recursos para su ejecución entre 2026 y 2030.
Mientras la Procuraduría evalúa la solicitud, el proceso de contratación queda bajo la atención de los organismos de control, en medio del cambio de gobierno previsto para el próximo 7 de agosto.
