La funcionaria informó que radicó una queja ante la Procuraduría por hechos ocurridos en Santa Marta antes de la primera vuelta presidencial.
La secretaria de Movilidad Multimodal y Sostenible de Santa Marta, Sarita Vives, informó que presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación por la presunta participación de servidores públicos en actividades político-electorales desarrolladas en la ciudad antes de la primera vuelta presidencial.
A través de una publicación en su cuenta de X, Vives aseguró que espera que las autoridades actúen con la misma diligencia frente a estos hechos y señaló que la información recopilada también será puesta en conocimiento de otras entidades de control.
De acuerdo con el documento radicado, los hechos habrían ocurrido el pasado 30 de mayo de 2026, cuando se realizó una caravana política en Santa Marta en respaldo al entonces candidato presidencial Iván Cepeda. La queja sostiene que en dicha actividad habrían participado funcionarios y contratistas vinculados a la Gobernación del Magdalena.
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Según explicó la funcionaria, la denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de la Nación y remitida igualmente a la Fiscalía General de la Nación, la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Comisión de Seguimiento Electoral de la Registraduría Nacional.
En sus declaraciones públicas, Vives indicó que también existen denuncias sobre presuntas presiones relacionadas con la continuidad de contratos para incentivar la participación en actividades de campaña, hechos que, a su juicio, deben ser investigados por las autoridades competentes.
Adjunto queja radicada ante la @PGN_COL con copia a la @FiscaliaCol, @moecolombia y la Comisión de Seguimiento Electoral @Registraduria. pic.twitter.com/n95azf7Fiz
— Sarita Vives (@vives_sarita) June 10, 2026
“La lucha contra la participación indebida en política no puede depender de afinidades ideológicas ni de conveniencias políticas”, manifestó la secretaria a través de sus redes sociales.
La queja solicita a los organismos de control verificar si existió participación indebida de servidores públicos en actividades proselitistas y determinar si se configuraron posibles faltas disciplinarias o conductas sancionables.
Hasta el momento no se conocen pronunciamientos oficiales de las personas mencionadas en el documento radicado.
