La Alta Consejería para la Paz de Santa Marta anunció tres medidas concretas orientadas a reforzar la protección de las víctimas del conflicto armado y hacer seguimiento a las condiciones de seguridad en los procesos de retorno, reubicación y restitución de tierras en el Distrito.
La administración distrital de Santa Marta, a través de la Alta Consejería para la Paz, liderada por Jennifer del Toro y bajo las directrices del alcalde Carlos Pinedo Cuello, anunció una serie de acciones encaminadas a fortalecer las garantías de seguridad para las víctimas del conflicto armado y acompañar los procesos de retorno, reubicación y restitución de tierras en el territorio.
La decisión fue dada a conocer durante una jornada de seguimiento a los compromisos adquiridos en el Comité de Justicia Transicional, espacio en el que participaron representantes de diferentes instituciones del orden nacional, departamental y distrital encargadas de velar por los derechos de las comunidades afectadas por la violencia.
Según explicó la Alta Consejería para la Paz, el objetivo principal es verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad aplicables a los planes de retorno y reubicación de las víctimas, así como impulsar acciones que permitan fortalecer la presencia institucional en zonas donde persisten riesgos derivados de la presencia de grupos armados ilegales.
En ese sentido, la administración distrital definió tres decisiones estratégicas que buscan generar respuestas concretas frente a las necesidades de protección y garantía de derechos de la población víctima del conflicto.
Solicitan balance sobre cumplimiento de acuerdos de paz
La primera medida consiste en elevar una petición formal a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz para que presente un balance detallado sobre el cumplimiento de los Acuerdos Especiales I y II suscritos en el marco de la política de paz.
La solicitud busca conocer los avances alcanzados y verificar que, en el desarrollo de dichos acuerdos, se estén garantizando condiciones efectivas de seguridad, verdad, justicia y reparación para las víctimas, pilares fundamentales para la consolidación de la paz y la reconstrucción del tejido social en los territorios afectados por el conflicto.
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Desde la administración distrital consideran que el seguimiento permanente a estos compromisos es indispensable para evitar retrocesos en los procesos de atención y protección de las comunidades vulnerables.
Impulsarán respuesta nacional a alertas tempranas
Como segunda decisión, la Alta Consejería para la Paz solicitará al Ministerio del Interior la convocatoria de una sesión nacional de la Comisión Intersectorial de Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, instancia encargada de coordinar las acciones del Gobierno Nacional frente a los riesgos advertidos por la Defensoría del Pueblo.
A través de este mecanismo se busca evaluar el nivel de implementación de las 38 recomendaciones formuladas por la Defensoría en la Alerta Temprana 020 de 2025, documento que identificó factores de riesgo para las comunidades y víctimas del conflicto en distintas zonas del país.
La administración distrital considera que la articulación entre las entidades nacionales y territoriales resulta fundamental para prevenir nuevas afectaciones a la población y garantizar respuestas oportunas ante cualquier situación que amenace la vida y la integridad de los ciudadanos.
Mayor acompañamiento para víctimas en riesgo
La tercera medida anunciada contempla impulsar ante la Unidad Nacional de Protección todos los casos relacionados con víctimas del conflicto armado que requieran medidas especiales de seguridad.
