Edil de la localidad 3 de Santa Marta, durante una sesión ordinaria del Concejo de Santa Marta alerta sobre retrasos, irregularidades y fallas estructurales en la construcción del centro de salud, mientras miles de habitantes continúan sin atención digna.
La comunidad de Gaira, en la localidad 3 de Santa Marta, volvió a alzar su voz ante el Concejo Distrital para denunciar lo que califican como una “deuda histórica” en materia de salud: la ausencia de un centro asistencial digno durante casi 11 años.
Durante su intervención, un representante comunitario recordó que el antiguo centro de salud fue demolido en 2016, en el marco de la construcción de la doble calzada, bajo la promesa de que sería reemplazado en el corto plazo. Sin embargo, más de una década después, el proyecto no ha sido concluido, dejando a miles de habitantes sin acceso adecuado a servicios médicos.
“Hoy no hablamos de una obra inconclusa, hablamos de una deuda histórica con los gaireros”, expresó, señalando que la infraestructura original había sido gestionada y construida por la misma comunidad.
Promesas incumplidas y desinformación
Uno de los puntos más críticos expuestos fue la presunta desinformación que durante años habría rodeado el proyecto. Según la denuncia, a la comunidad se le hizo creer que la responsabilidad de construir el nuevo centro recaía en la concesión Ruta del Sol, lo cual fue calificado como “una mentira total”.
De acuerdo con lo expuesto, los recursos entregados por esta concesión correspondían únicamente a la compra de predios y demolición de estructuras existentes, sin incluir la construcción del nuevo centro asistencial.
Errores técnicos y retrasos administrativos
El proceso también ha estado marcado por fallas técnicas. En 2018, los diseños del centro de salud fueron rechazados por el Ministerio de Salud por no cumplir con los requisitos mínimos. No fue sino hasta 2020 que se logró la viabilidad técnica del proyecto, tras gestiones para saldar deudas con contratistas.
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A esto se sumaron retrasos derivados de la pandemia, cambios en la normativa de regalías y la falta de articulación institucional, factores que siguieron postergando el inicio real de las obras.
Ejecución cuestionada e irregularidades
Aunque el contrato de construcción fue adjudicado en 2022, la ejecución no avanzó como se esperaba. Según la denuncia, se reportaron porcentajes de avance que no correspondían con la realidad en terreno.
Mientras la administración anterior aseguró que la obra estaba en un 90%, la actual encontró un avance cercano al 80%, con falencias graves como la ausencia de servicios públicos esenciales: sin agua potable, alcantarillado ni energía eléctrica, lo que imposibilita su funcionamiento.
Además, durante una inspección liderada por la Procuraduría General de la Nación, se evidenció que la construcción habría iniciado sin licencia, junto con fallas estructurales y cuestionamientos sobre su ubicación, incluso más cercana a una vía de alto tráfico que la anterior edificación.
Una comunidad sin atención digna
Actualmente, Gaira y sectores cercanos como El Rodadero, Cristo Rey, Don Jaca y La Paz —que en conjunto albergan una población cercana a los 100 mil habitantes, sin contar la población flotante turística— carecen de un centro de salud funcional.
El llamado “puesto de salud provisional”, que debía operar por máximo un año, lleva cerca de una década en funcionamiento, en condiciones que fueron calificadas como “inhumanas”.
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“Los invito a que visiten ese lugar y vean cómo están atendiendo a nuestra gente”, manifestó el vocero, señalando que incluso turistas han tenido que recibir atención en ese espacio precario.
Exigencia a las autoridades
Frente a este panorama, la comunidad exige respuestas concretas y soluciones definitivas. Aunque reconocen la voluntad de la actual administración para resolver la situación, advierten que los problemas heredados no pueden seguir afectando el derecho fundamental a la salud.
El contrato de obra fue finalmente liquidado por incumplimiento del contratista, lo que confirma, según los denunciantes, las irregularidades advertidas durante años.
“Nosotros no estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo que se respete nuestro derecho a la salud digna”, concluyó el representante, haciendo un llamado urgente a las autoridades distritales y nacionales.
