La determinación judicial fue impugnada y se dispondrá de otras medidas legales, según comunicado de prensa.
Un nuevo capítulo tuvo la pugna que involucra a la Diócesis de Santa Marta y al padre Fajid Alvarez, por la administración del Parque Cementerio San Miguel, y es que, ayer se realizó la diligencia ante un inspector de la ciudad quien negó el amparo policivo que solicitaba la sede religiosa para recuperar el Campo Santo.
La diligencia inició a las 9:30 de la mañana y fue suspendida ante una solicitud del apoderado del Padre Hernando Fajid Álvarez que, argumentando falta de competencia del inspector designado, requería llevar el proceso ante un Juez Civil.
La diligencia fue suspendida temporalmente y reanudada en horas de la tarde.
La decisión del funcionario judicial fue negar el “amparo policivo por perturbación a la tenencia”, que fue solicitado con el propósito de restablecer la tenencia y posesión del cementerio en favor de la Fundación Juan Pablo Segundo, que es la legítima administradora.
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El apoderado de la parte demandante impugnó la decisión y en consecuencia procederá en lo necesario por las vías de que dispone la justicia.
Denuncian al padre Fajid
Este jueves en redes sociales circuló un artículo en el portal Verdades y Pruebas titulado, ¿Cura rebelde o el robo del “Cementerio San Miguel” de Santa Marta?
En este se señala que, la Fiscalía General de la Nación investigará al cura Hernando Fagid Alvarez Yacub, para que responda penalmente por los delitos, tras ser denunciado penalmente por el abogado, Hernando Escobar.
Según el escrito, “los ilícitos serían tipificados como avasallamiento de bien inmueble, falsedad personal y enriquecimiento ilícito de particulares, en cuya comisión habría incurrido al usurpar dolosamente la administración y operación del “Cementerio San Miguel”, propiedad de la Diócesis de Santa Marta.
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Así mismo indica que, “el sacerdote Alvarez Yacub, quien fuera Capellán del “Cementerio San Miguel” de Santa Marta hasta el 6 de enero del año en curso, habría incurrido en habida consideración de la que sería una dolosa pretensión del señalado de usurpar la administración y operación del Campo Santo de la capital del Magdalena, mediante la instrumentalización delictuosa de su ministerio sacerdotal y de la misión pastoral que le había sido encomendada por el Obispo de la Diócesis de Santa Marta”.
