La investigación señala que habría presentado un título académico para un contrato con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena en 2025.
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Según el ente acusador, el documento presentado como acta de Tecnóloga Laboral en Actuación y Teatro, supuestamente expedido por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, presentaría inconsistencias tipográficas, ausencia de registro institucional y diferencias con los formatos oficiales. Tras las denuncias, el contrato fue suspendido luego de seis meses. Posteriormente, la Alcaldía de Cartagena otorgó una nueva vinculación por 18 millones de pesos, en la que la contratista fue registrada con perfil de bachiller.
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La Fiscalía anunció que también evaluará la posible responsabilidad de funcionarios encargados de verificar los soportes académicos. De ser hallada responsable, la investigada podría enfrentar una pena entre cuatro y nueve años de prisión. La audiencia definirá la imputación y las medidas que se solicitarán mientras avanza el proceso.
