La institución confirmó que no existe evidencia de la presentación del examen Saber Pro, requisito indispensable para otorgar el diploma.
La Fundación de Educación Superior San José decidió anular el título profesional en Contaduría otorgado a Juliana Guerrero, designada viceministra de la Juventud, tras confirmar que no cumplió con los requisitos legales para su graduación.
Juan David Bazzani, abogado de la universidad, explicó que hasta el momento no se ha demostrado que Guerrero presentara el examen Saber Pro, exigido por ley. “La institución tiene que proceder a la anulación del diploma por no cumplir con los requisitos legales para la expedición del mismo”, indicó el jurista en entrevista con Noticias Caracol.
Según lo expuesto, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) aún no certifica la presentación de la prueba por parte de la funcionaria. En consecuencia, el título queda sin validez, aunque Guerrero podrá recuperarlo en caso de cumplir con el examen y demás requisitos establecidos.
El abogado recordó que la universidad adoptó medidas desde que surgieron las denuncias, entre ellas la desvinculación y denuncia del exsecretario general que habría intervenido en la irregularidad. Además, el Ministerio de Educación realiza una exhaustiva inspección de los procesos de grado de la institución.
De interes:Juzgado de Santa Marta admite tutela contra Presidencia y Ministerio del Interior
Bazzani informó que, tras la revisión ministerial, se adelantará una auditoría interna para establecer si existen otros casos similares. “Se ha dicho que hay otro estudiante en condición parecida, pero está en verificación”, aclaró.
La universidad señaló que el error obedeció a una operación manual que alteró el sistema académico y cambió el estatus de “no aprobado” a “aprobado”. “Los directivos actuaron bajo el principio de confianza, sin advertir que no se habían cumplido los requisitos”, precisó el abogado.
Finalmente, la Fundación San José aseguró que tomará todas las medidas necesarias para fortalecer sus controles y garantizar la transparencia en los procesos de graduación, evitando que se repitan hechos como los ocurridos con el caso de Juliana Guerrero.