Las autoridades señalan que durante más de una década habrían hecho pasar como docentes a decenas de personas para apropiarse ilegalmente de recursos públicos que ascienden a más de 4.000 millones, destinados a salarios y prestaciones del magisterio en Córdoba.
Dos hombres fueron judicializados tras una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación que reveló un presunto esquema fraudulento mediante el cual 71 personas habrían sido presentadas como docentes sin cumplir los requisitos legales, permitiendo el desvío de más de 4.915 millones de pesos provenientes de recursos públicos.
De acuerdo con el ente investigador, los hechos se habrían desarrollado entre noviembre de 2010 y mayo de 2024, periodo en el que los procesados, identificados como Abel José Narváez Contreras y su sobrino Octavio Narváez Villar, habrían coordinado la vinculación irregular de ciudadanos a la planta docente departamental para obtener beneficios económicos indebidos.
Cómo operaba el presunto esquema
Las indagaciones señalan que Narváez Contreras presuntamente buscaba personas dispuestas a prestar sus nombres y cuentas bancarias a cambio de pagos, con el fin de simular contrataciones docentes inexistentes. Posteriormente, la documentación requerida era tramitada y validada para formalizar los supuestos nombramientos.
Según la Fiscalía, Narváez Villar habría aprovechado su cargo como auxiliar administrativo en la Secretaría de Educación Departamental para validar documentos que acreditaban falsamente a los beneficiarios como educadores, generando al menos 353 vinculaciones laborales irregulares.
Recursos públicos afectados y decisión judicial
El proceso judicial determinó que los implicados habrían incurrido en los delitos de peculado por apropiación y falsedad material en documento público, afectando recursos del Sistema General de Participaciones destinados a la educación oficial del departamento.
Durante las diligencias, ambos procesados aceptaron su responsabilidad frente a los cargos imputados. Un juez con funciones de control de garantías ordenó medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanza el proceso penal en su contra.
