Según el informe titulado "Chuzadas sin cuartel", miembros de la inteligencia militar denunciaron cómo utilizaron de forma ilegal ‘sofisticados equipos’
Bogotá (EFE).- El relevo como comandante del Ejército colombiano del general Nicacio Martínez, cuestionado por su política frente a los derechos humanos, fue precipitado en diciembre pasado por las escuchas ilegales de militares a políticos, magistrados, generales y periodistas, denunció la revista Semana.
Según el informe titulado "Chuzadas sin cuartel", miembros de la inteligencia militar denunciaron cómo utilizaron de forma ilegal ‘sofisticados equipos’ donados por organismos de inteligencia de EE UU para "fines ilegales".
Esas escuchas, realizadas el año pasado, ocurrieron en las instalaciones de dos guarniciones del Ejército "como una manera de blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la Justicia o el fisgoneo de los medios de comunicación".
"Somos mucho más cuidadosos con los lugares, las personas que trabajamos en esto y los equipos que estamos utilizando. Aunque todo está por fuera del radar, nada de esto se puede hacer sin el conocimiento de los mandos", manifestó a Semana un militar que trabaja en un batallón de ciberdefensa.
Según un suboficial, a él le asignaron el seguimiento de una oficial que supuestamente estaba afectando los intereses de la institución pero resultó siendo la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, que hizo parte del Ejército.
"Nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos y, lo más grave de todo, es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático (partido de Gobierno)", añadió el uniformado.
Este caso recuerda al de las "chuzadas", como se conoce en el país al escándalo de interceptaciones hechas contra opositores y periodistas durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
Por este caso fueron condenados, entre otros, Bernardo Moreno, ex secretario de la Presidencia de Colombia, y María del Pilar Hurtado, exjefa del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, quienes fueron hallados responsables de varios delitos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
