Los ex funcionarios fueron imputados con los delitos de cohecho y concierto para delinquir por su participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.
El juicio presidido por la magistrada Aura Rosero, de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, ordenó medida de aseguramiento este jueves a los exministros del Gobierno Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), luego de que la Fiscalía les imputó cargos a principios de mes, en delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
Una vez realizadas estas audiencias, tendrán tiempo para negociar con la Fiscalía a cambio de recibir rebajas penales. En la próxima comparecencia, la de acusación, también podrán aceptar cargos y reducir parte de su condena.
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La magistrada Rosero subrayó que los señalados, a pesar que ya no ocupen cargos públicos, no eliminan el peligro de su libertad. Según la funcionaria, la Fiscalía demostró que la red de corrupción no dependía de un puesto oficial, sino que operaba a través de influencias políticas y contactos externos ya consolidados.
“Yo espero que cuando nos escuche, pueda confrontar lo que les han dicho a ustedes porque el país solo ha escuchado una voz”, dijo Velasco, defendiendo su inocencia, y Bonilla no se quedó atrás. “Cumplí cabalmente mis funciones como ministro de Hacienda, cumplí la Constitución y la ley. Tengo la certeza de no haber cometido ningún delito y defenderé mi inocencia”, manifestó.
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Bonilla fue el segundo ministro de Hacienda de Petro, entre mayo de 2023 y diciembre de 2024, cuando renunció tras quedar vinculado a las irregularidades de la UNGRD. Velasco, por su parte, tiene una larga carrera política en la que incluso fue presidente del Senado, dirigió brevemente la UNGRD en abril de 2023 y ocupó la cartera de Interior entre mayo de 2023 y junio de 2024.
El escándalo de la UNGRD estalló en febrero del 2024 por denuncias de la prensa. Desde entonces, la investigación ha escalado hasta involucrar a altos funcionarios como el subdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, quién reveló que recursos ingentes de la entidad fueron utilizados en 2023 para pagar millonarias coimas a los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, donde el pasado 7 de mayo fueron capturados.
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La acusación en contra de los ex ministros se basa en un presunto intercambio de favores, siendo los cerebros del direccionamiento de contratos públicos para seis congresistas a cambio de su respaldo político destinando más de 92.000 millones de pesos entre mayo de 2023 y febrero de 2024. Este apoyo era clave para el Gobierno tanto en la Comisión de Crédito Público como en el trámite de las reformas pensional y a la salud.
*Con material de EL INFORMADOR y EFE
