La exasesora del exministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, reveló ante la Corte Suprema que existía un listado de congresistas privilegiados que recibían contratos y atención preferencial a cambio de respaldo político.
Una investigación exclusiva de la revista Semana destapó un nuevo capítulo del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según las declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en esa cartera se elaboró un “mapa” de congresistas “favoritos” que gozaban de acceso directo al despacho ministerial y de agilidad en sus gestiones a cambio de apoyo a las iniciativas del Gobierno.
“Había congresistas que esperaban citas por meses, incluso por un año, pero los miembros de las comisiones económicas, especialmente los de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, lograban ser atendidos en tiempo récord”, afirmó Benavides ante la Corte Suprema de Justicia. La exfuncionaria, quien tiene un principio de oportunidad que le otorga inmunidad total, se convirtió en la principal testigo en el proceso que hoy salpica al exministro Bonilla.
De acuerdo con su testimonio, pertenecer a la Comisión de Crédito Público era considerado un “boleto de entrada” al Ministerio de Hacienda, donde se definían los cupos presupuestales y los contratos que, presuntamente, eran utilizados para asegurar la gobernabilidad del Ejecutivo. “Era una motivación para ser miembros de la comisión”, señaló Benavides, quien detalló que el entonces ministro mantenía contacto directo con ese grupo selecto de legisladores.
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Entre los nombres que aparecen en el denominado “mapa del ministro” figuran congresistas hoy investigados por su presunta participación en el desfalco de la UNGRD: Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz. Todos ellos, según Semana, habrían sido parte del círculo que manejaba la relación política y contractual con Bonilla.
La declaración de Benavides es considerada clave por la Fiscalía, que evalúa nuevas imputaciones dentro del caso. Sin embargo, pese al cúmulo de pruebas, el proceso contra el exministro Bonilla no ha avanzado. “Los más preocupados con este testimonio son Bonilla y sus ‘favoritos’”, concluye Semana en su informe.
