Renuncia la directora de la agencia nacional de Defensa Jurídica del estado tras reproche del canciller Leyva

Leyva le reprochó a Zamora que no estaba actuando como quería el presidente en el tema de los pasaportes, ya que considera que no se debe pagar la indemnización.

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La empresa, que desde hace 17 años fabrica los pasaportes colombianos, exige al Gobierno una indemnización de 25 millones de dólares y una conciliación luego de que la Cancillería declarara desierta una licitación a la cual fue la única que presentó propuesta.

En medio de una polémica sobre la defensa legal del Estado colombiano en casos cruciales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó la renuncia de Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Petro, desde Dubai, donde asiste a la COP28, expresó su desacuerdo con la gestión de Zamora en la defensa nacional, motivo por el cual le pidió apartarse del cargo.

La petición de renuncia se produce después de que se conociera que el canciller Álvaro Leyva reprochara fuertemente a Zamora por su actuación en la resolución de un conflicto con Thomas Greg & Sons, empresa contratista para la producción de pasaportes. El periodista Daniel Coronell reveló que Leyva gritó y señaló a Zamora en la antesala de la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

La empresa reclama una indemnización de 25 millones de dólares y una conciliación luego de que la Cancillería declarara desierta una licitación, a pesar de ser la única participante. Leyva criticó a Zamora por no actuar según la voluntad del presidente en el tema de los pasaportes.

La renuncia de Zamora fue confirmada por ella misma, quien manifestó: "No toleraré ningún cuestionamiento sobre mi trabajo". La decisión de Petro de solicitar la renuncia refleja su deseo de tomar una postura diferente en la defensa de los intereses generales de la sociedad colombiana.

La licitación de los pasaportes ha estado envuelta en polémica desde que Thomas Greg & Sons fue señalada por falta de libre competencia. La cancelación de la licitación generó controversia, y Petro ha insistido en la necesidad de una investigación penal para esclarecer las circunstancias que llevaron a esta situación y garantizar la transparencia en las licitaciones gubernamentales.





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