Carlos Mattos pidió perdón y acepta su responsabilidad en el Caso Hyundai

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El caso Hyundai, por el cual Carlos Mattos está siendo investigado por la justicia dio un nuevo giro. En las últimas horas, el empresario reconoció su responsabilidad y aceptó que sobornó a jueces para sus intereses económicos.

A través de un carta de ocho puntos, Mattos aseguró que su proyecto era construir su emporio en Colombia y por eso se acercó de manera ilegal  a funcionarios de la Fiscalía y contrató a un periodista para desacreditar dicha entidad.

Carlos Mattos dijo que “realizó una serie de acercamientos ilegales con el señor Dagoberto Rodríguez, oficial mayor del juzgado sexto civil, y Reinaldo Huertas, juez sexto civil del circuito, a través del abogado Luis David Duran Acuña. Quiénes decidieron a través de una contraprestación económica a decretar una medida cautelar”.

Asimismo, indicó que “Rodríguez y Huertas pidieron una contraprestación económica para decretar una medida cautelar ante la demanda que estaba proyectando su equipo jurídico”.

En la misiva, el proceso señala que al conocer el proceso que la Fiscalía llevaba en su contra, contrató los servicios del periodista Gonzalo Guillén para que emitiera información que desacreditara a la Fiscalía y así hallar la forma que los funcionarios del ente judicial que lo estaban investigando perdieran credibilidad.

 “Los servicios del señor Gonzalo Guillén, según puedo demostrar con la contabilidad, asciende a la suma aproximada de 20.000.000 así como el pago de tiquetes aéreos que me eran solicitados por dicho periodista”. 

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El empresario sostuvo que “este comportamiento desdice de los valores familiares que me fueron inculcados, así como de los principios que orientaron la consolidación de mis empresas, generando las consecuencias que debo afrontar y que hoy me tienen privado de la libertad”.

Por último, agregó que, “no volveré a cometer ningún comportamiento ilegal o ilícito, y esperando a que la sanción a la que me hecho acreedor se convierte en un ejemplo claro y directo qué, bajo ninguna circunstancia, se debe corromper la administración de justicia”.

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