El exdelegado de Hyundai en Colombia ya se ha enfrentado a dos procesos de extradición en España.
Madrid (EFE).- La Justicia española ha autorizado de nuevo la extradición del empresario hispanocolombiano, Carlos Mattos a Colombia, donde es reclamado por presuntos sobornos a funcionarios para salir beneficiado en un proceso judicial que mantuvo con la compañía coreana Hyundai Motor Company.
Después de que el Tribunal Constitucional español anulase hace un año la entrega por no constar determinados escritos de la Fiscalía de Colombia con el necesario refrendo judicial y tras recibir la correspondiente documentación del país, la Audiencia Nacional española, AN, ha avalado la extradición de nuevo.
Mattos, exdelegado de Hyundai en Colombia, se ha enfrentado a dos procesos de extradición en España. En el otro, una reclamación por un supuesto pago de 200 millones de pesos (unos 48.000 euros) a una juez de Bogotá, la AN también acordó su entrega y ordenó a principios de octubre su entrada en prisión hasta que ésta se efectúe.
Simultáneamente, los magistrados de la AN han dictado un auto conocido en el que explican que se cumplen todos los requisitos para proceder a la entrega de Mattos a Colombia en relación con el presunto soborno a funcionarios de la Administración de Justicia de Bogotá para dirigir el reparto de una demanda iniciada por la empresa Hyundai Colombia Automotriz, de la que él era accionista mayoritario, en contra de la compañía coreana Hyundai Motor Company.
Según las autoridades colombianas, así se logró manipular el sistema de reparto de demandas para que recayera en un juzgado cuyo titular recibió dinero de Mattos y quien decretó una medida cautelar favorable a sus intereses, hechos que serían constitutivos de los delitos de cohecho y daños informáticos.
La defensa de Mattos alegó que no había control judicial sobre los hechos imputados a su representado, si bien la AN rechaza esos argumentos y afirma que tanto las órdenes de captura como las que las prorrogaron cumplen las exigencias del convenio de extradición y el resto de las garantías a las que se refirió el Tribunal Constitucional cuando anuló la extradición.
