Los hechos Dicha toma dejaron 101 muertos, entre ellos once Magistrados, mientras que otras once personas más fueron consideradas como desaparecidas.
Hoy nuevamente el país recuerda uno de los hechos criminales más trascendentales que ha registrado la historia de Colombia como lo fue la toma al Palacio de Justica hace 36 años a manos de la guerrilla de M-19.
En el hecho que ocurrió el miércoles 6 de noviembre de 1985 el grupo subversivo mantuvo a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes, por espacio de 27 horas.
Dicha toma dejó un saldo de 101 muertos, entre ellos once Magistrados, mientras que once personas más también fueron consideradas como desaparecidas, número que se reduciría a seis después de que la Fiscalía General de la Nación anunció en el año 2000 que el cadáver de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería que se encontraba desaparecida, fue hallado en una fosa común.
Por la toma y la retoma, esta última por parte del Ejército Nacional, el ente investigador inició investigaciones desde 2005 sobre los civiles desaparecidos y que salieron con vida del hecho quedando en custodia de la Fuerza Pública, fueron detenidos el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega quien fue condenado en 2010 y luego liberado y declarado inocente el 16 de diciembre de 2015 por la Corte Suprema de Justicia.
A situación cobró la vida de los Magistrados Alfonso Reyes Echandía, quien oficiaba como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Las autoridades le encontraron una bala, proveniente del Ejército Nacional, que le destrozó el tórax; Fabio Calderón Botero, Pedro Elías Serrano Abadía, Darío Velásquez Gaviria, José Eduardo Gnecco Correa, Ricardo Medina Moyano, Alfonso Patiño Roselli, Carlos Medellín Forero,
Fanny González Franco, la primera mujer magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Gaona Cruz, Horacio Montoya Gil, quien dejó de existir por la explosión de una granada de fragmentación mientras ayudaba al Magistrado Humberto Murcia Ballén.
En 2005 se conformó la Comisión de la Verdad, integrada por los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia José Roberto Herrera, Jorge Aníbal Gómez y el de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla. Tras un año de investigación entregaron un informe en el que revelaron que, según versiones del sicario ‘Popeye’, Pablo Escobar les había pagado dos millones de dólares a los guerrilleros del M-19 por la toma, a fin de presionar a los magistrados de la Sala Constitucional que debatían la aprobación de la extradición. La Comisión declaró responsables de la masacre al M-19, al presidente Betancur y al Ejército Nacional de Colombia.
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También concluyó que el presidente de la época, Belisario Betancur "fue un simple espectador" de la situación y no logró intervenir directamente en la operación de retoma del palacio por parte del Ejército ni en los hechos posteriores, contradiciendo sus palabras dadas en su alocución en la noche de 7 de noviembre una vez terminada la retoma en la que asumía la responsabilidad de lo sucedido.
En la actualidad aún sigue existiendo mucha incertidumbre sobre lo que ocurrió durante la toma y los desaparecidos. Con el paso de los años, el Estado ha tenido que realizar gastos no solo con lo que conllevó la reconstrucción del palacio, sino también por reparación a las víctimas y demandas que ha tenido que enfrentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por familiares de los desaparecidos.
Se estima que en la reconstrucción del palacio se invirtieron alrededor de $100 millones de la época, las demandas en la CIDH suman alrededor de $50.000 millones, lo que también ha conllevado un gasto en abogados de cerca de $1.200 millones.
