El funcionario habría extralimitado sus funciones al emitir actos administrativos para revocar decisiones del excanciller Álvaro Leyva Duran y adjudicar el contrato. Adicionalmente, se le atribuye la compra de un predio rural por 950 millones de pesos sin justificación financiera.
La Fiscalía General de la Nación imputó al exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público. Cargos no aceptados.
Los hechos que se le atribuyen están relacionados con las posibles irregularidades detectadas en la adjudicación del contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por un valor de 559.000 millones de pesos.
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El entonces secretario emitió las resoluciones 1394, 1395 y 1396 del 26 de febrero de 2024, por medio de las cuales revocó el acto administrativo que declaró desierta la licitación y negó el recurso de reposición interpuesto por el postulante que buscaba quedarse con el contrato, y dio por terminada anticipadamente la urgencia manifiesta que suspendió el proceso contractual. De esta manera, dio vía libre a la adjudicación del contrato al único proponente.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, con estas actuaciones habría excedido sus competencias, en el entendido de que solo tenía funciones administrativas y de coordinación institucional, y no contaba con autonomía para reabrir y adjudicar procesos contractuales cerrados.
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De otra parte, se conoció que Salazar Ramírez, quien ocupó el cargo de secretario general entre el 18 de agosto de 2022 y 26 de febrero de 2024, adquirió durante ese periodo un predio rural en Puerto López (Meta), por valor de 950 millones de pesos, sin tener una justificación financiera. No se advierten transferencias o créditos ni soportes bancarios o patrimoniales que soporten la compra de los inmuebles.
