A 35 años después la noche más aterrada que ha vivido Colombia con la toma de Palacio de Justicia, aún los familiares de las 98 personas asesinadas y 11 desaparecidas, siguen reclamando justicia en un hecho que, va a permanecer por mucho más tiempo sin resolver.
Irregularidades en los procesos de investigación, civiles desaparecidos, cuerpos calcinados, e incertidumbre para las víctimas, sería el resultado de este periodo de tiempo.
Aproximadamente, al mediodía de ese fatídico 6 de noviembre 28 guerrilleros del Comando ‘Ivan Marino Ospina’, del M-19, bajo el mando de Luis Otero y Andrés Almarales de ingresaron al reciento en busca ‘cobrar’ el incumplimiento por parte de gobierno de entonces presidente Belisario Betancur, al cese fuego con los grupos subversivos.
Allí tuvo aproximadamente 350 rehenes, entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes y del Palacio de Justicia, luego del ingreso de este grupo, en donde tropas del Ejército y la Policía Nacional comenzaron el operativo para retomar el control que se extendió hasta el día siguiente.
Este enfrentamiento que se extendió por 28 horas dejó un el total de víctimas mortales y desaparecidos, pero en el 2000 la cifra de estos últimos disminuyó a 6.
Este episodio enmarcó las horas de terror, pánico y muerte en la historia nacional y que fue considerado su momento como una masacre por parte de la Corte Penal Internacional.
En cerca de media hora los guerrilleros tomaron el control total del edificio, mientras a las afueras se agolparon Policía y Ejército los cuales fueron ubicados en las terrazas de algunos edificios vecinos, como la Catedral Primada, el Palacio Liévano y la Casa del Florero, con la intención de recuperar el Palacio.
La principal exigencia del grupo guerrillero era la de obligar al presidente Betancur a presentarse al Palacio de Justicia para hacerle un juicio público, presidido por la Corte Suprema de Justicia, teniendo como fiscal a todo el pueblo colombiano, el cual formularía sus denuncias a través de la radio. Algo que para el gobierno resultó descabellado.
Betancur era acusado por algunos sectores de la opinión pública de haberle entregado el país a la guerrilla, el M-19 había roto la tregua y culpaban al gobierno, además de haber realizado un atentado contra el Comandante del Ejército.
Ante lo que estaba ocurriendo, las Fuerzas Militares iniciaron el operativo de retoma. Se activó el Plan de Defensa Nacional ‘Tricolor 83’ y el Centro de Operaciones de la Brigada (COB), los primeros en llegar a las inmediaciones del Palacio de Justicia fueron algunos miembros del Batallón Guardia Presidencial.
Pasadas las horas, un incendio en el cuarto piso, cuyo origen no se ha esclarecido, se inició y allí se encontraban guerrilleros, magistrados y civiles. La conflagración con el paso de las horas, tomaba fuerza mientras los subversivos retenían a algunos rehenes que trataban de escapar del fuego. Sesenta personas permanecieron desde la noche del 6 de noviembre hasta el final de la toma en los baños.
A las 7:00 del día siguente, el Presidente Betancur aceptó dialogar con los subversivos y ordenó al director de la Policía Carlos Martínez Sáenz darles el mensaje, el magistrado Alfonso Reyes Echandia había logrado comunicarse con Martínez y este afirmó haber dado la orden de cese al fuego, pero argumentando problemas de comunicación la orden no se había cumplido.
Horas más tarde, a los empleados Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio, y Cristina del Pilar Guarín, cajera de la cafetería, aparentemente son captados con vida por un vídeo. Al parecer, los dos fueron llevados a la Casa del Florero, a pocos metros del lugar, pero nunca más se supo de ellos La orden de Almarales era que los heridos salieran del baño donde estaban sitiados y que salieran algunos guerrilleros, entre ellos Irma Franco y Clara Elena Enciso.
El consejero de Estado Reynaldo Arciniegas fue liberado por los guerrilleros para llevar un mensaje al presidente Betancur y permita el ingreso de la Cruz Roja y se comience a negociar sin saber que la orden de cese al fuego no fue cumplida ni dada.
Una vez terminada la retoma soldados, policías y miembros de la Defensa Civil sacaban los cadáveres, los cuales fueron llevados sin que el Instituto de Medicina Legal pudiese tener participación.
En el baño donde estuvieron los rehenes se dejaron prendas y se sacaron cadáveres calcinados imposibles de identificar. Esa misma noche el presidente Belisario Betancur asumió su responsabilidad.
