El ente de control departamental investiga si hay un detrimento patrimonial en los recursos para ejecutar obras en el municipio.
La mayoría del Concejo del municipio de Fundación, Magdalena, encendió las alarmas por un presunto desorden administrativo y financiero en la ejecución de obras que van en favorecimiento al desarrollo de la comunidad, y que fue puesto a conocimiento de la Contraloría Departamental.
El grupo de cabildantes integrado por Luis Armando Blanco, Emel Yaruro, Diana Salcedo, Maura De Vega, Joaquín de la Cruz, Bladimir Montero, Luz Elena Acevedo, Fabián Valencia y Carlos Arévalo, denunciaron, pese a que se habrían entregado anticipos cercanos al 40% a los contratistas, el avance en campo sería prácticamente nulo.
Además, manifestaron su preocupación por la elección del ejecutor, el Fondo Mixto Sierra Nevada, señalado de haber sido designado sin un proceso claro y con antecedentes de alertas por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y otros entes de control.
Las presuntas irregularidades estarían relacionadas con un millonario convenio que supera los $15.471 millones, destinado a obras como el pavimento rígido de la calle principal del corregimiento de Santa Rosa, la entrada por la carretera Troncal de Oriente en la vía a Valledupar, y la vía que comunica a la ‘Esquinas del Progreso’ con el municipio de Pivijay.
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La decisión se da luego de un informe técnico en el que se evidencian serias inconsistencias en la ejecución del Convenio Interadministrativo CD-CO-001-2025, así como en los contratos de obra 375 y 385 de 2025, relacionados con proyectos de infraestructura en el municipio, Según el documento, los concejales de Fundación alertaron sobre un posible desorden administrativo y financiero, señalando que, pese a que se entregaron anticipos del 40% a los contratistas, el avance de las obras sería casi inexistente. Además, se cuestiona la selección del ejecutor, el Fondo Mixto Sierra Nevada, y la falta de claridad en la información suministrada.
Uno de los hallazgos más preocupantes tiene que ver con la eliminación de mecanismos de control financiero, como la fiducia que inicialmente debía administrar los recursos, lo que habría dejado el manejo del dinero directamente en manos del ejecutor. A esto se suman inconsistencias en el sistema SECOP II, donde algunos contratos aparecen como terminados, pese a que las obras no reflejan ese estado en campo.
El informe también advierte que la administración municipal no respondió a los requerimientos de información realizados por el ente de control, lo que derivó en la apertura de un proceso sancionatorio por obstrucción al control fiscal.
Ante este panorama, la Contraloría del Magdalena decidió avanzar a una Actuación Especial de Fiscalización (AEF), con el fin de verificar en terreno la ejecución física y financiera de los recursos, así como determinar si hubo un posible detrimento patrimonial.
