El máximo Tribunal Electoral también anunció investigación y formulación de pliego de cargos al excandidato al Senador Julio César González “Matador” y el Pacto Histórico por presunta violencia contra las mujeres.
El Consejo Nacional Electoral dio dos trascendentales pasos en materia de investigación por presuntas irregularidades en el marco de las campañas electorales de Congreso y Presidencia de la República.
Uno de ellos tiene que ver con la apertura de investigación administrativa y formulación de cargos en contra de la encuestadora Invamer por una presunta vulneración del régimen legal y reglamentario aplicable en las encuestas y sondeos de opinión política y electoral.
La otra, contra el caricaturista y excandidato al Senado por el Pacto Histórico, Julio César González, “Matador”, y su partido político, por presunta violencia contra las mujeres en política debido a ataques, caricaturas, comentarios, trinos, reposteos y burlas por el físico de la candidata presidencial Paloma Valencia.
En la resolución de apertura contra la encuestadora Invamer se informa que la actuación administrativa se originó tras el concepto técnico definitivo correspondiente al “informe de cierre de auditoría técnica y metodología No. 17, relacionado con el estudio sobre democracia en Colombia en 2025 elaborado por la firma Invamer”. El concepto fue remitido mediante oficio del 7 de abril de 2026 por la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas sobre Opinión Pública y Electoral.
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Dicho concepto técnico precisó, entre otras cosas, que los hallazgos H3, H5, H9 y H10 no fueron subsanados adecuadamente, advirtiéndose: (i) (i) la declaración de un efecto de diseño (DEFF) sin soporte cuantitativo suficiente que permita establecer si corresponde a un supuesto técnico o a una estimación empírica verificable; (ii) la ausencia de implementación computacional de un método de estimación de varianza coherente con un diseño muestral complejo, lo que imposibilitaría la replicación independiente de los márgenes de error y de las medidas de precisión; (iii) la introducción de controles de cuota sociodemográfica que habrían excluido unidades elegibles del universo de selección, alterando la probabilidad efectiva de inclusión de algunas unidades; y (iv) inconsistencias estructurales entre microdatos, variables de huella digital, variables de autorización de tratamiento de datos y factores de expansión utilizados para el procesamiento estadístico, afectando la consistencia integral del conjunto de soportes técnicos aportados".
Y agrega que “la Sala advierte que los elementos que obran en el expediente permiten inferir, de manera preliminar, la posible existencia de inconsistencias en el cumplimiento de las exigencias técnicas previstas en la normativa aplicable. En particular, tales aspectos se relacionan con el carácter probabilístico del diseño muestral exigido como presupuesto de representatividad estadística; la verificabilidad y replicabilidad de los resultados, como condiciones necesarias para el control institucional; y la adecuada anonimización y estructuración de los microdatos, como requisitos indispensables para la trazabilidad de la información”.
En la resolución también se dejó clara la posible sanción a la firma encuestadora. “Luego de cumplidas todas las etapas del procedimiento administrativo electoral, con plena observancia del debido proceso, la firma encuestadora investigada podría ser sancionada con multa o con la suspensión o prohibición del ejercicio de la actividad encuestadora, según corresponda, como lo posibilita el artículo 30 de la Ley 130 de 1994″.
El Consejo Nacional Electoral otorgó a Invamer 15 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución administrativa para presentar sus descargos, solicitar y aportar las pruebas que pretendan hacer valer dentro de la presente actuación administrativa.
La ponencia contra “Matador” y su partido fue presentada por el magistrado Álvaro Hernán Prada y tendría los votos mayoritarios para ser aprobada en la Sala Plena de la corporación.
