Luego que la Justicia Especial para la Paz (JEP) acusara por primera vez a la antigua guerrilla de las Farc por crímenes de guerra e imputara a sus últimos ocho jefes por los secuestros y otros graves delitos relacionados con la privación de la libertad cometidos durante el conflicto armado colombiano, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Darío Acevedo, manifestó que las personas del partido Comunes (antiguo Farc) que estén imputadas y sean congresistas deberían renunciar.
Acevedo expresó en diálogo con el periodista Julio Sánchez Cristo para W Radio, que las imputaciones de crímenes de guerra son imprescriptibles y nunca podrán ser amnistiados o indultados quienes los hayan cometido y “mucho menos que estén como representantes del pueblo”. Agregó también que, “ellos tienen a sus espaldas centenares de miles de víctimas que sufrieron persecución, torturas, asesinatos fuera de combate, que califican en esa categoría. Esas víctimas esperan un mínimo de justicia que es lo que se espera de la JEP”, señaló.
Las Farc, ahora partido Comunes, “le harían un gran favor a este país que se contribuya a la reparación y se cumpla con el artículo 179 de la Constitución, y yo no creo que eso vaya en contra del Acuerdo de Paz”, afirmó Acevedo.
Los acusados son Rodrigo Londoño, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente de Comunes, surgido de la desmovilización de las Farc; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.
"La Sala de Reconocimiento estableció la responsabilidad de los antiguos miembros del Secretariado de las Farc-EP por las órdenes de secuestrar que dieron, así como por su omisión de control de los malos tratos que padecieron las víctimas": magistrada Julieta Lemaitre. pic.twitter.com/mSANT7CqD3
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) January 28, 2021
La JEP, tribunal creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016, llegó a esta decisión después de dos años y medio de investigación en los cuales examinó archivos judiciales que incluyen documentos y computadores incautados en operaciones militares, extensos informes entregados por la Fiscalía y la sociedad civil.
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Igualmente tuvo en cuenta las versiones individuales y colectivas de 257 excombatientes, en las que muchos reconocieron su responsabilidad, y las observaciones de 1.028 víctimas.
