Una cruzada nacional, emprendió, este año, la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez para abrir espacios de formalización laboral, a uno de los sectores más golpeados por la pandemia: la población informal. Se trata de una estrategia integral, que se empezó a delinear desde el pasado mes de abril, con apoyo de la academia y del sector empresarial.
En el último mes, se lanzaron dos pilotos de reactivación segura de la población informal en Cúcuta y Popayán, estos se extenderán a otras ocho ciudades de Colombia.
“Aunque el 2020 ha sido un año particularmente difícil, hemos encontrado oportunidades en medio de la crisis, para avanzar hacia el desarrollo con enfoque social. No podemos mantener los ojos cerrados frente a un problema que se ha enconado por años, sin solución alguna: la informalidad”, señaló la Vicepresidente.
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La columna vertebral de este programa son las cooperativas; precisamente, la Vicepresidente lidera la Comisión Intersectorial de Economía Solidaria, creada recientemente para apalancar la reactivación económica. “Comenzamos un trabajo en las regiones para brindar garantías claras y puntuales a los trabajadores informales, con base en la asociatividad, que esperamos dé frutos para apoyar la formalización y el mejoramiento de las condiciones de vida de esta población. Las cooperativas nos ayudarán a lograr mejores precios y mejor comercialización de los productos”, señaló la Vicepresidente.
En esta primera etapa, se busca beneficiar 40.000 micronegocios, de los 925.000 que existen en las ciudades priorizadas. “Estamos pasando de las buenas intenciones a la acción, y este primer paso es muy importante para poner a andar el propósito de convertir a Colombia en un país formal”, dijo la alta funcionaria.
En el marco de este programa, los trabajadores informales reciben apoyo de programas como Tiendas para la Gente; Yo me Bancarizo para inclusión financiera y ventas digitales con código QR; Fondo Nacional de Garantías y apoyo en fortalecimiento de sus planes de negocio.
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Esta iniciativa es resultado de un trabajo articulado entre la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Comercio, el DANE, el DAPRE, el Departamento de Prosperidad Social, el SENA, Confecámaras y la Corporación Minuto de Dios.
La meta para 2021 es llevar el piloto a la totalidad de las 10 ciudades priorizadas y poner a andar las cooperativas que permitirán un proceso gradual de formalización.
