Suena la lluvia estridente que los despierta a medianoche; el golpeteo de las tejas hace que cada gota parezca un iceberg de hielo que cae a velocidad infinita sobre ellos. Es la tercera noche que llueve, y los huecos de las tejas ya tienen conexión directa con las estrellas en la noche y con el sol durante el día.
Amaneció luego de tres noches largas y hay que ir al pueblo a buscar ayuda y el pan del día. Para Pedro, salir ya es una odisea: la carretera del barrio lleva cinco alcaldías sin pavimentar, y los huecos hacen que, entre el barro y los rastros de la lluvia, salir sea aún más complejo. Más adelante, la avenida está atravesada por la idea de progreso: un tren que no ha llegado en medio siglo, pero que promete cambiar la movilidad de toda la sabana de Occidente.
Ya en el pueblo, el funcionario de la alcaldía le dice a Pedro que debe hacer una queja, una querella; luego, que radique una tutela contra Obras Públicas, y que, si no funciona, eleve una carta a la Secretaría de Gobierno, al ministerio… y por poco le pide que vaya a la ONU. Que valga decir, por estos días, poco o nada funciona.
Sale entonces a tomar un tinto con las pocas monedas que le quedan. Al fondo, una oficina de abogados y, en la radio, la transmisión en vivo de lo que los medios llaman “el juicio del siglo” en Colombia: el proceso contra un expresidente de la República. Con tanto papeleo para pedir un par de tejas que lo cubran de la lluvia y un camino sin barro para llegar a casa, la promesa del Estado social de derecho ha fracasado.
En este año, el poder judicial fue protagonista de la vida nacional. El juicio en vivo de un expresidente nos hizo pensar a algunos que la “justicia” está para todos los ciudadanos y nos devolvió la esperanza de un país donde la ley y la norma sean el centro del ejercicio de la ciudadanía. Pero el derecho no es igual a justicia; en la mayoría de los casos, la justicia es rogada, llega lenta y, en ocasiones, cuando ya es demasiado tarde.
La realidad de Pedro es la de miles de ciudadanos de Colombia que se encuentran con una maraña burocrática y de papeleos que pocas veces se entienden para hacer valer los mínimos derechos.
Luego del tinto, Pedro atraviesa el parque y llega a la oficina de ABC a pedir una explicación, una orientación o, simplemente, para ser escuchado. El derecho, históricamente, ha sido el derecho de una clase; ha creado normas y reproducido formas para mantener lo que los romanos llamaron el statu quo: que todo se mantenga igual.
Pedro salió de la oficina de abogados con una queja escrita, una proyección de tutela y la promesa de llevar “el derecho” al barrio: la idea de realizar una suerte de consultorio jurídico popular que permitiera a las personas del barrio tener una guía o un camino para resolver los problemas de su cotidianidad.
Acercar por un día uno de los poderes del Estado al barrio, a una población olvidada —de las muchas que existen en nuestro país— donde los barrios populares se construyeron en las laderas de las montañas y donde muchas veces han transitado de asentamientos humanos e invasiones a barrios y comunidades.
La primera jornada del consultorio jurídico popular se llevó a cabo el pasado jueves 2 de octubre en San Antonio Alto, un barrio popular de la ciudad de Facatativá. Las problemáticas de orden familiar, penal, la inseguridad, el abandono del Estado y un largo etcétera —síntoma de la total ausencia de la promesa constitucional del Estado social de derecho— se empezaron a resolver de a poco: escuchando a las personas, redactando una carta o un derecho de petición, reconociendo, como lo dijo el maestro del fútbol Miguel Ángel Russo (que hoy nos acompaña desde otra dimensión), que “todo se cura con amor”.
Al final, agradecimos porque compartimos un picadito en la cancha del barrio con los jóvenes de la comunidad; por un ratito de la vida fue nuestro corazón el que vibró, y no los celulares.
Entiendo el ejercicio del derecho como una práctica creativa que busca movilizar la vida del país y de las comunidades. Por ello, es importante usar el derecho, contradecir el derecho y pensarse un nuevo Derecho. Se radicaron algo más de una decena de derechos de petición, se inició el acompañamiento de un par de denuncias y se orientó sobre el mejor camino para una serie de rutas de acción.
Ojalá estas labores pronto logren que la próxima lluvia no resuene en los techos de cartón; que se legalicen las tierras y los predios, y que la carretera llegue al barrio de Pedro —y al de cientos de miles de colombianos— que soñamos vivir en el Estado de derecho que dibuja la Constitución.
