Por mucho tiempo evité hacer escala en el aeropuerto de San Salvador. En mi opinión, era uno de los peores de la región: pequeño, desprovisto de infraestructura adecuada y sin opciones comerciales para quienes debían esperar horas por su vuelo de conexión. Pero todo eso cambió.
Hoy, el aeropuerto de San Salvador es otro. Moderno, funcional y con muchas más opciones para los viajeros. Más allá de la transformación física del aeropuerto, lo que realmente resalta es el cambio en el ambiente del país. Conversando con salvadoreños que han regresado tras años de ausencia, la mayoría coincide en lo mismo: El Salvador respira otro aire. Se percibe seguridad, progreso y una renovada confianza en el futuro. Antes, muchos se avergonzaban de admitir su nacionalidad; hoy, la expresan con orgullo.
Este fenómeno tiene nombre propio: Nayib Bukele. Su gobierno ha mejorado la vida de los salvadoreños de manera tangible, y ellos lo saben. Por eso lo agradecen y lo respaldaron con su reelección. La importancia de la continuidad en políticas públicas eficaces es innegable.
Si en El Salvador llueve, en Argentina no escampa. Cuando Javier Milei asumió la presidencia, expresé mis dudas sobre su capacidad para ejecutar su ambiciosa agenda sin ser derrocado por un pueblo mal acostumbrado a la demagogia. Sin embargo, hasta la fecha, no solo ha resistido, sino que su gobierno es hoy un referente mundial de cómo corregir problemas estructurales profundos.
Los ajustes han sido dolorosos, pero necesarios. Milei lleva poco más de un año en el poder, y aunque queda mucho camino por recorrer, Argentina tiene una oportunidad real de salir del abismo. Su estrategia es clara: políticas públicas serias, solidez económica y una apertura hacia la empresa privada que atrae inversión directa. Este es el único camino para la recuperación de un país.
El contraste con los gobiernos de izquierda en la región no podría ser más evidente. Comenzando por los de mayor jerarquía, como Lula da Silva en Brasil y Gabriel Boric en Chile, quienes han erosionado la economía sin mejorar el bienestar social. En México, la nueva presidenta aún está en sus primeros días de gobierno, por lo que el juicio es prematuro. Pero el resto—los de menor categoría, como Gustavo Petro en Colombia, Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua—han sido más destructivos que la pandemia.
Colombia, sin duda, ha sido la más perjudicada. Mientras que Venezuela y Nicaragua ya venían en caída libre, el caso colombiano es distinto. Petro no solo exacerbó los problemas existentes, sino que ha creado nuevos.
Las elecciones tienen consecuencias. Y cuando los pueblos eligen mal, pagan un precio muy alto. El problema radica en que los malos gobernantes en América Latina no solo destruyen economías y sociedades, sino que buscan perpetuarse en el poder, bien sea directamente o a través de un sucesor títere y alterando el juego democrático a su favor. Esto dificulta que los ciudadanos puedan rectificar sus errores en las urnas.
En Colombia, el peligro es inminente. La democracia, imperfecta pero funcional, se ha vuelto muy frágil bajo el mandato de Petro. Su estrategia es clara: primero, destruir sistemáticamente las bases del capitalismo y la democracia, culpando a todos aquellos que participaron en su construcción. Luego, sembrar el caos y la división entre los colombianos.
La segunda fase es aún más peligrosa: consolidar un modelo de economía centralmente planificada, con un aparato burocrático descomunal que aniquile la empresa privada y restrinja las libertades económicas e individuales. Todo, por supuesto, en nombre de causas como la justicia social y la protección del medio ambiente.
Si Petro logra consolidar este modelo, Colombia no volverá a tener elecciones libres. Solo elecciones fachada, en las que siempre ganará el candidato que él designe.
La pregunta no es qué hará Petro. La pregunta es qué haremos nosotros para evitarlo.
