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A fuego lento

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Germán Vives Franco

Germán Vives Franco

Columna: Opinión

e-mail: vivesg@yahoo.com



Comúnmente se dice que en derecho dos más dos no es cuatro, y con esto quiere decirse que en derecho se argumenta y quien argumente mejor y pueda probar lo argumentado es generalmente quien gana.  A este respecto, una de las máximas del derecho reza que tener un derecho y no poder probarlo equivale a no tenerlo.

La acusación de la fiscalía al expresidente Uribe aparentemente refleja un trasfondo político, y bien pudiera serlo.  Jurídicamente hablando, la nueva fiscalía es poco probable que tenga evidencia nueva.  Lo que ha sucedido es que los nuevos fiscales consideran que la evidencia es suficientemente sólida para probar más allá de la duda razonable la culpabilidad del expresidente.  La fiscalía anterior no lo creía así; es decir, consideraba que aunque había algunas evidencias, estas no eran suficientemente sólidas para vencer en juicio.  El estándar del derecho penal, probar más allá de la duda razonable, es difícil de cumplir, y debe ser así porque está en juego la libertad del individuo. 

Puede suceder que alguien siendo culpable, verdad verdadera, sea declarado no culpable en el juicio, verdad formal.  Y esto puede suceder por muchas razones.  Los entes acusadores en todo el mundo antes de llevar a alguien a juicio calculan si realmente tienen posibilidades de ganar, como sucedió recientemente con Biden en los Estados Unidos, donde el fiscal especial dijo que aunque había elementos que apuntaban a la culpabilidad, sería difícil convencer al jurado para que lo condenaran, y entonces recomendó abstenerse de enjuiciar a Biden.

No sé si Uribe es inocente o culpable, pero en derecho penal la carga de la prueba la tiene la fiscalía que debe cumplir con los estándares del derecho penal, y por tanto la presunción de inocencia cobija a Uribe hasta ser vencido en juicio.  Difícil cumplir con la carga de la prueba cuando el testigo estrella carece de credibilidad; no conozco el expediente, pero esto es lo que ha trascendido a la opinión pública y es el concepto de personas que si lo conocen y que además saben derecho.

¿Por qué la fiscalía cambió de opinión? Suponiendo que no hay motivación política, la única explicación es que los nuevos fiscales son temerarios y creen que pueden, mágicamente, cumplir con los estándares del derecho.  Si hay dudas, estas siempre se resuelven a favor del acusado.  Principio universal del derecho: In dubio pro reo.  Jurídicamente, no veo el caso, pero ya veremos.

Es más probable que la recién encontrada temeridad de los fiscales sea producto del activismo judicial, y probablemente es una estrategia concertada y dirigida desde la Casa de Nariño. En esta estrategia no importa si pueden condenar a Uribe; fantástico si lo logran, pero lo que realmente persiguen es arrinconarlo, intimidarlo, distraerlo y diezmarlo políticamente para sacar adelante la idea de la Constituyente. 

Petro sabe muy bien que aunque Uribe no le ha hecho oposición, hoy por hoy es la única figura política capaz de ponerlo contra las cuerdas.  Ni Cabal ni Valencia ni Vargas Lleras y mucho menos Santos o cualquier otra figura menor, están en condiciones de hacerle contrapeso a Petro, pero Uribe sí.  La persecución a Uribe demuestra debilidad y miedo.  Si Uribe se levanta y los generales mencionados lo apoyan, Petro fracasa.  Por esto Petro no enfrenta a Uribe frontalmente sino que como al sapo, quiere cocinarlo elevándole la temperatura de a poquitos de tal forma que el sapo no se dé cuenta de que lo están cocinando. La pregunta del millón es si Uribe se va a dejar cocinar a fuego lento. 

En la estrategia de Petro, lo judicial y lo político convergen en un solo propósito: lograr que Petro en cuerpo propio o ajeno se quede en el poder. Impedir que se quede es la razón más importante para marchar el 21 de abril.



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