Existe gran preocupación entre los colombianos por la falta de recursos para garantizar la protección a líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos, así como a víctimas del conflicto.
Y esa preocupación es más angustiante, en un gobierno que se expresa todos los días y se jacta de decir que hay y habrá una paz total, en donde se garantice el derecho a la vida de todos los colombianos.La realidad es otra; el asesinato de lideres y lideresas, se sigue presentando en el país y el desconcierto reina entre la comunidad, por que aquellos que levantan las voces de verdad y denuncian hechos y actos que atentan contra el bien común, siguen siendo blanco de las bandas asesinas y cobardes.
A esta delicada situación de seguridad de los líderes y defensores de los derechos humanos del país, se suman las matanzas ocurridas recientemente, en donde también salen afectados o lastimados personas inocentes. Es así el caso ocurrido a finales de la semana en Barranquilla, y el asesinato de cuatro personas el miércoles por la noche en una zona rural del departamento de Putumayo, cuando un grupo armado los ejecutó en una vía. El grupo armado que hace presencia en la zona asesinó a cuatro personas con tiros de gracia en la vía que comunica a Leiva con El Rosario, en el norte del departamento y con este horrendo crimen ya son 26 las masacres registradas en Colombia en lo que va de año, sin contar que también han sido asesinados 31 líderes sociales, en el país. Un punto a tener en cuenta es que el departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador y uno de los más aislados de Colombia, es escenario de conflicto entre grupos armados y uno de los más violentos del país; hay presencia de disidencias de las Farc, de los llamados Comandos de la Frontera y del Estado Mayor Central, y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln. Además de ser una región productora de coca, es un paso fundamental para las rutas de narcotráfico, lo que se traduce en que es una de las regiones más violentas para la población civil y para los defensores de derechos humanos y líderes sociales.
Hay otros actos de violencia que suman a la alta cifra de líderes asesinados; en un mes de 16 a 32 hechos violentos generaron vulneraciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH, y transgresiones al cese al fuego por parte de algunos de los cuatro grupos armados ilegales, según pudieron constatar los organismos internacionales que son los que dan cuenta de estos hechos sangrientos, debido a la negación que hace el gobierno nacional.
Hay que ponerse “manos a la obra” y comenzar a tomar medidas eficaces y contundentes en la protección de la vida de estos defensores de los derechos humanos. Es de absoluta relevancia atender de inmediato aspectos como fallas automotrices constantes, falta de vehículos de seguridad y demoras en el mantenimiento de los mismos para atender a los protegidos; también es urgente resolver los retrasos en el pago de combustibles y que los vehículos asignados a las personas protegidas no tengan restricciones de circulación.
En este contexto, el Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección, UNP, deben tomar decisiones administrativas de carácter urgente para prevenir el riesgo, contrarrestar las amenazas y minimizar la vulnerabilidad de los protegidos, en forma rápida ya que ninguna situación de orden administrativo puede estar por encima del derecho a la vida y esta falta de recursos significa falta de garantías y del pleno goce de los derechos de las personas que deben ser protegidas.
El Estado no puede poner en riesgo la integridad y la vida de quienes ejercen liderazgos en la defensa de los derechos humanos de las comunidades y no puede socavar el ejercicio democrático en los territorios.
Líderes sociales sin protección
